Se dice que entre el jueves y viernes de la semana pasada, fue el último día de labores de 14 funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) en Puebla, quienes habrían sido liquidados en respuesta a un largo, pero de veras muy largo, entramado de corrupción que lleva por lo menos una década ocurriendo y que –al parecer– todavía no tiene el remedio suficiente.
En el RAN hay un hermetismo total a cerca de la salida de esos servidores públicos. La única respuesta ofrecida es que solamente en las oficinas centrales de este órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –con sede en la Ciudad de México– se puede dar a conocer lo ocurrido, mediante una solicitud previa de información.
No obstante, fuentes internas del RAN en Puebla sostienen que, la semana pasada, había un ambiente de fuerte enojo, de malestar generalizado, entre el personal que ahí labora, pues la salida de 14 funcionarios tal vez suavice los graves problemas de corrupción que ahí ocurren a diario, pero complica la atención al público ya que no se sabe cuándo serán sustituidos los personajes que habrían sido rescindidos.
Los problemas de corrupción que ahí acontecen se deben –en mucho– a que en el estado de Puebla hay mil 309 núcleos agrarios ejidales y 422 comunales, cuyos integrantes para hacer cualquier trámite jurídico sobre la propiedad de sus tierras, de resguardo documental y de ordenamiento territorial, solo tienen una oficina para hacerlo, que es la sede del RAN que se ubica en la colonia Huexotitla de la capital y cuyo espacio físico, así como el personal, son insuficientes para atender a miles de campesinos de toda la entidad.
Eso provoca que ahí todo se intenta “vender”, cuando se supone que los trámites son gratuitos.
Se comercializa en “el mercado negro” desde las fichas para que los labriegos sean atendidos y les reciban la solicitud del trámite que van a realizar, hasta el pago de “cuotas especiales” para que las resoluciones se emitan en el menor tiempo posible.
Los labriegos que no tienen dinero o simplemente no quieren caer en prácticas corruptas, sufren el desprecio de una burocracia que los hacen venir en muchas ocasiones –desde lugares remotos– solo para que les acepten la petición del acto jurídico que necesitan y después los hacen esperar hasta año y medio para que les responden a sus requerimientos.
En cambio, si se paga “las gratificaciones”, es decir, los sobornos, dicen los enterados, al primer intento se recibe la solicitud del trámite que se pide y en dos o tres meses ya está lista la resolución.
El elefante reumático
Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su sexenio, era muy dado a utilizar la expresión de que se llegó a encontrar un Gobierno federal que era como “un elefante reumático que no se para, no se mueve, no camina. Hay que empujarlo”.
Era muy dado a decir que la burocracia de ese “elefante blanco” actuaba como en la época de la Colonia, cuando se da una orden se acata, pero nunca se cumple.
Eso es lo que está pasando en el RAN. Se supone que la salida de los 14 funcionarios de este órgano es para acabar con la corrupción que ahí prevalece. Alguien podría suponer que “esa limpia” va a ayudar.
El viernes, cuando ya se sabía que habían salido varios servidores públicos, tal como ya se mencionó en esta columna, había mucha preocupación e inconformidad entre los que laboran en el RAN. No así en los llamados “gestores” o también conocidos como “coyotes”, que son quienes se encargan de hacer los cobros ilegales y, por supuesto, traficar con el tratamiento que se da a los trámites.
Tal situación es tan evidente que, enfrente del RAN, hay un negocio que ofrece a “agilizar” los procesos burocráticos del Registro Agrario Nacional. Es decir, el despido de los funcionarios en cuestión no significa que se va a eliminar la corrupción.
Los abusos que ahí se cometen están en función de la vulnerabilidad que sufren miles de ejidatarios y comuneros.
De acuerdo con datos del propio RAN, el 21% de la población ejidal del estado de Puebla es analfabeta y el 22% son mujeres. De hecho, la entidad poblana ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con la participación femenina en la llamada propiedad social.
Los problemas en el RAN arrancaron durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, periodo en que algunos trámites que se hacían en diferentes áreas oficiales se concentraron en el Registro Agrario Nacional. Fue entonces cuando se empezó a dar este fenómeno de que los labriegos llegan una noche antes, a dormir en las banquetas, para intentar obtener en las mañanas un turno en dicho órgano descentralizado.
Al siguiente sexenio, sobre todo a raíz de la crisis de COVID-19, de la mala atención se pasó al descaro de los sobornos. Lo que se empezó cobrando en 200 o 300 pesos, acabó siendo extorsiones de hasta 11 mil pesos para que un campesino sea atendido en el RAN.
Las denuncias contra los abusos se empezaron a presentar hace 10 años y hasta ahora se está dando una respuesta para remedir la corrupción.
No cabe duda de que el gobierno no solo es “un elefante reumático”, sino también es muy mañoso.
