Ya suman tres episodios en que la Arquidiócesis de Puebla se ha negado a cumplir con sus obligaciones laborales y se resiste a pagar la liquidación, que por ley le corresponde, a quien fuera por 12 años la contadora general de la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla (FBPC), pues en la última audiencia de la semana anterior, con toda prepotencia los abogados que representan al clero católico no siquiera tuvieron la atención de entrar al acto conciliatorio.
Una actitud que muestra la falta de congruencia de la Arquidiócesis de Puebla al no respetar su moralidad y las doctrinas que promueve.
Cáritas es una institución de la Iglesia católica que, de acuerdo con su propia definición, tiene como propósitos promover la justicia social y el desarrollo integral de las personas, principalmente de los pobres y desposeídos. Para ello, se supone que todas sus actividades se basan en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia.
Pues lo ocurrido en el caso de Guadalupe Sánchez Briseño, la Arquidiócesis actuó de manera ilegal y de forma contraria a su discurso ideológico, de caridad y justicia, pues esta mujer hace nueve meses fue despedida injustificadamente como contadora general de Cáritas, sin que se le liquidara conforme a la ley y se han utilizado una larga lista de difamaciones en su contra.
Se le rescindió el pasado 15 de enero –tal como ya se narró en este espacio periodístico– por observar y oponerse a una serie de despilfarros con los donativos que recibe la Fundación Cáritas, que se supone deben usarse para la ayuda médica, hospitalaria, de alimentación y asilo que ofrece la institución a pobres, enfermos e indigentes.
La contadora Sánchez Briseño, al observar que los magros recursos económicos de la FBPC se estaban utilizando en pagos abusivos al personal que llegó con el último director del organismo, Jesús Rodríguez Calva, decidieron echarla, porque les estorbaba, les resultaba incómodo que vigilara la correcta aplicación de los fondos privados que aportan empresas y fundaciones por la vía de donativos.
Quien supo de todo este entramado, porque es el responsable del correcto funcionamiento de Cáritas, es el vicario episcopal Rutilio Ramos Pérez, quien es la segunda figura más importante en el clero católico poblano, después del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
Hasta ahora, Rutilio Ramos ha guardado un silencio cómplice del abuso cometido contra Guadalupe Sánchez Briseño, quien llevaba una década y dos años bajo un contrato laboral prestando sus servicios en Cáritas.
En noviembre de 2024, esta mujer le señaló al director Jesús Rodríguez Calva –quien había llegado al cargo unas semanas antes– que no había fondos suficientes para que le contrataran una asistente personal, tal como él lo había pedido, y se pagaran altos salarios a los miembros de su equipo, que estaban muy por arriba del tabulador de ingresos de los 70 trabajadores que llevan años laborando en Cáritas.
Lo que planteaba la contadora era un dilema elemental: o se pagaban los beneficios económicos que demandaba el director o se compraban los insumos que necesita la fundación para cumplir con sus obligaciones.
Al llegar diciembre, Jesús Rodríguez le dijo a la contadora que “ya no había dinero” para seguirle pagando su salario.
De manera cordial, sin plantear ningún tipo de conflicto, la encargada de las finanzas respondió que aceptaba irse, pero bajo dos condiciones: hacer un proceso formal de entrega-recepción de la administración de Cáritas y ser liquidada conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
La entrega de claves bancarias, estados financieros, presupuestos, firmas fiscales y toda la documentación contable se hizo el 15 de enero. Para esa fecha, ya no le pagaron su salario a Guadalupe Sánchez Briseño.
Cuando ella preguntó por su liquidación, el director Jesús Rodríguez Calva le respondió, palabras más, palabras menos, “te daremos una gratificación por tus años de servicio”.
La contadora respondió que no le tenían que dar una gratificación, sino una liquidación acorde a lo que marca la norma laboral.
El director nunca le entregó una propuesta de liquidación.
Lo más grave es que Rodríguez Calva reportó al Consejo Consultivo de Cáritas que Sánchez Briseño había abandonado el puesto y por eso se le había dado de baja.
Dentro de la institución, se esparció el rumor de que se había ido porque le habían encontrado malos manejos.
Dos mentiras que se desmontan fácilmente. En los últimos meses de 2024 le aplicaron una auditoría a la oficina de Guadalupe Sánchez Briseño y fue el propio vicario episcopal quien notificó a la contadora que no se había encontrado alguna anomalía.
La segunda mentira es que no se puede decir que abandonó el trabajo, cuando en los últimos 15 días en que estuvo en Cáritas se encargó del pago a proveedores y de la nómina de la institución, sin contar que se entregó –con testigos de por medio– toda la documentación de la fundación a una empresa privada, precisamente el último día en que ella estuvo oficialmente al frente del área contable de la FBPC.
Todas esas anomalías obligaron a la agraviada a presentar una demanda laboral contra Cáritas.
En agosto pasado, se realizó la primera audiencia en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, en donde llegaron los abogados enviados por la Arquidiócesis para decir que no tenían una propuesta de liquidación. Pidieron una segunda audiencia para el 8 de septiembre.
La semana pasada, se realizó la audiencia que pidieron los representantes legales del clero católico y simplemente, con todo cinismo, no entraron a la reunión conciliatoria.
Frente a este comportamiento queda una sola pregunta: ¿dónde quedó la justicia que todos los domingos pregonan los curas católicos de Puebla?
Valdría le pena que el vicario episcopal le eche una leída a le encíclica Laborem Exercens –que en español significa “Al ejercer el trabajo”–, en donde la Iglesia católica pugna por que el trabajo sea la base de desarrollo de las “familias cristianas” y para ello, decía el papa Juan Pablo II, es fundamental que haya salarios dignos y respeto a los derechos laborales.
Como utopía, suena bien lo que dice la encíclica.
Porque aquí en Puebla, la Arquidiócesis se encarga de mandar el mensaje –con lo que ha ocurrido con la contadora Guadalupe Sánchez Briseño– de que el contenido de ese documento papal es “puro rollo” al que nadie le hace caso.
