En un escenario nacional e internacional adverso, complicado enormemente por la justificada desconfianza en el “nuevo” Poder Judicial, el aumento en el índice criminal en todo el territorio nacional, el incremento de la deuda pública por los caprichos del expresidente Andrés Manuel Lopéz Obrador y las presiones cada vez más fuertes del mandatario estaodunidense, Donald Trump, para que la presidenta Claudia Sheinbaum realmente hiera de muerte a los narcopolíticos que gobiernan México, se presentó el Paquete Económico 2026.
Un proyecto que, por si faltara algo, ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores debido a varios aspectos negativos y potencialmente riesgosos.
A saber:
Expertos y legisladores de oposición critican el aumento de impuestos a productos como bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos, considerándolo un golpe directo al bolsillo de las personas, especialmente a aquellos con menores ingresos.
Esto podría profundizar la desigualdad y frenar la recuperación económica esperada para 2026.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% en 2026, lo que algunos consideran excesivamente optimista en comparación con las estimaciones de instituciones financieras y organismos internacionales.
El paquete económico contempla un aumento significativo de la deuda pública, lo que podría comprometer a futuras generaciones y generar desbalance fiscal.
Hay que pagar los elefantes blancos de López Obrador –especialmente Dos Bocas y el Tren Maya– y sostener el régimen de pensiones del Bienestar en los que se basa el andamiaje político y electoral del régimen.
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien este viernes, por cierto, regresa a Puebla, argumenta que los impuestos a productos nocivos buscan mejorar la salud pública, algunos críticos señalan que no hay evidencia clara de que estos impuestos hayan tenido un impacto positivo en la salud en el pasado.
De hecho, el panorama es alarmante, pues se está planteando la “fusión” de 11 programas, lo que en realidad será una desaparición de importantes esquemas que atendían padecimientos como obesidad, VIH, vigilancia epidemiológica y enfermedades crónicas.
Mientras se aumentan impuestos como el IEPS a bebidas azucaradas –de altísimo consumo en los hogares mexicanos–, nadie ha logrado responder de qué sirve cobrar más por un refresco si al mismo tiempo quitan los programas para combatir la obesidad.
Otra gran duda es el tema relacionado con los videojuegos.
El Gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) los videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no aptos para menores de 18 años.
La medida plantea una tasa de 8% que aplicará a las ventas en formato físico y a los servicios digitales de acceso o descarga, ofrecidos por empresas nacionales o extranjeras sin establecimiento en el país.
Según un estudio de The Competitive Intelligence Unit citado por el Gobierno federal en su propuesta, los tres tipos de videojuegos más usados en México son acción/aventura, estrategias y disparos. Además, cuatro de los cinco juegos más demandados a partir de 2021 se encuentran en el género de violencia.
Pero lo que no está para nada claro es si ello verdaderamente se verá reflejado en una disminución en el índice delictivo en el país.
¿Reducir o acotar el uso de videojuegos violentos va a evitar o reducir al menos la violencia criminal que padecen los mexicanos todos los días?
En resumen:
Los impuestos al consumo suelen tener un carácter regresivo, afectando más a los sectores de menores ingresos.
¿No que primero los pobres?
Algunos expertos cuestionan la priorización del gasto social sobre la inversión en infraestructura productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico a largo plazo.
Peor aún:
Como en los peores tiempos del PRI todopoderoso, el Paquete Económico 2026 plantea una excesiva centralización de recursos en detrimento de estados y municipios.
Ello afectará la realización de programas y obras que ya tenían en mente gobernadores y presidentes municipales.
Para el caso de Puebla, se espera un presupuesto de 130 mil millones de pesos para 2026.
Son, en términos nominales, 4 mil millones de pesos más respecto a 2025.
Sin embargo, cuando se analiza a la luz del balance anual inflacionario, que es del 3.4%, en realidad es un monto 0.4% menor al que se está ejerciendo este año.
En los últimos meses, Puebla viene padeciendo severos golpes en su economía y no solo por la difícil situación de la industria automotriz y la política arancelaria de Estados Unidos.
Cada vez hay más despidos y menos emprendimientos; crece el empleo informal y las industrias de la construcción y de la maquila no pasan por su mejor momento; en tanto, otros sectores productivos, otrora fundamentales para el progreso del estado, viven de plano en recesión, colgados de alfileres.
No, el Paquete Económico 2026 no da lugar al optimismo.
Parece que regresan los tiempos de las “vacas flacas”.
