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Por tercera ocasión en una semana, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) se retractó para ejercer la ley contra los servicios de transporte individual de pasajeros que operan sin concesión, pese a que en conferencia de prensa la tarde noche de ayer y ante los medios de comunicación, Rufino León Tovar, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, en conjunto con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, hicieran público el compromiso de aplicar la ley.
A nombre de los miles de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros del gremio, cuestionaron “la credibilidad de un gobierno que acepta abiertamente la comisión del delito que cometen Uber, Cabify y los más de 30 mil vehículos piratas con cromática oficial y se niega a aplicar la ley”.
Daniel Medina dijo que “nosotros no vamos a romper la mesa de diálogo como presumimos quieren que lo hagamos; esto demuestra que son ellos quienes están realizando cualquier clase de artimañas y creando escenarios ficticios para descalificar la imagen y lucha de los taxistas, quienes no sólo defendemos nuestros intereses, sino también la legalidad en la ciudad”.
Ignacio Rodríguez aseguró que asistirán a la reunión del martes 2 de junio a las 14:00 horas, agendada con el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, porque “nosotros sí honramos nuestra palabra y estamos con el compromiso de elevar la calidad del servicio para los usuarios”.
Asimismo, Medina pidió que el secretario Rufino León Tovar y/o el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera “expliquen a la ciudad qué intereses de grupo y económicos están atendiendo, por encima del interés general que marca la ley”.
Los dirigentes de los taxistas dicen que solamente en una ciudad como la de México se puede ver cómo la defensa de los intereses económicos y políticos de particulares pesa más que la correcta aplicación de las leyes, al grado de caer en contradicciones al interior del propio gobierno.
Inexplicablemente y apenas unas horas después de que ambos funcionarios capitalinos, Rufino León y García Ochoa, hicieran el anuncio oficial ante los medios de comunicación para iniciar operativos contra los servicios ilegales de transportación, el Gobierno del Distrito Federal, a través de un comunicado, invalidó la decisión del titular de la Semovi y de su subsecretario de Gobierno de ejercer la ley como parte del acuerdo logrado luego de cuatro horas de negociación con el gremio de taxistas.
“Hay un compromiso del Gobierno de la ciudad por aplicar la ley, lo vamos a hacer sin resquemor alguno. Vamos a hacer operativos, vamos atacar no sólo estas aplicaciones, no solo estas dos empresas (Uber y Cabify), vamos a atacar todo taxi irregular en la ciudad y vamos a aplicar la ley en toda la ciudad sin distingo alguno”, fueron las palabras textuales que emitió ayer el secretario de Movilidad, Rufino León Tovar, encargado de vigilar que se cumpla la ley de movilidad vigente y quien es la voz autorizada del Gobierno capitalino para tomar decisiones en materia de movilidad y transporte.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, afirmó: “Asumimos conjuntamente un compromiso de garantizar la aplicación de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México para garantizar a los usuarios que el servicio de taxis que se presta en el DF, sea un servicio que cumpla con lo que establece la Ley de Movilidad”.
Y añadió: “La ley se aplicará para que evitemos que personas que no cumplen con lo que establece la Ley de Movilidad presten el servicio. No nos podemos referir a una firma o un empresa o una aplicación, el consenso que hasta ahora hemos llegado es en relación a quienes prestan el servicio sin cumplir con los requisitos que la ley exige a las personas que prestan el servicio y que no están cumpliendo con lo que establece la ley pues evidentemente es contra quienes se tendrá que actuar”.
A pesar de que ambos funcionarios se comprometieron a garantizar la correcta aplicación de la Ley de Movilidad, aparentemente para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es más importante defender y solapar a quienes sin contar con concesión para ofrecer el servicio de transporte lo hacen, como cualquier pirata más, señalan los representantes de los taxistas.
“Si las palabras y compromisos contraídos por los servidores públicos no tienen validez para el jefe de Gobierno; si quienes pueden actuar al margen de la ley con total impunidad y son defendidos por Miguel Ángel Mancera, ¿cómo podríamos creer y confiar en un gobierno que obedece a intereses económicos y políticos de particulares?”, finalizaron los voceros de los trabajadores del volante.
