Casi 24 horas después de que panistas pidieran su destitución del cargo, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), demandó que se comprueben los señalamientos en su contra, pues de otra forma actuará en consecuencia por daño moral.
A través de un comunicado afirmó que estos señalamientos dañan su imagen y también la de la dependencia que dirige.
“En caso de que no se demuestren fehacientemente los señalamientos vertidos, me reservo el derecho de actuar legalmente en consecuencia, debido a que se provoca un daño moral a mi persona y a la institución a mi cargo”, indicó.
Puntualizó que no ha mostrado ninguna conducta sistemática y mucho menos irregular, como lo señaló el coordinador de los diputados locales por el PAN, Jorge Aguilar Chedraui.
“Respecto a la afirmación de que ‘hay una conducta sistemática e ilegal en la delegación’, debo señalar que en la dependencia se llevan a cabo acciones de Desarrollo Social y Humano, así como de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en las que se involucran los tres órdenes de gobierno y que se rigen por reglas de operación, mismas que son cumplidas a carta cabal por todo el personal de la delegación y son permanentemente auditadas”, suscribió.
Afirmó que no ha habido ningún manejo irregular en la dependencia que pueda ser sancionado por la autoridad electoral.
“Por cuanto al señalamiento de que se pide al INE investigar las anomalías presentadas, debo señalar que la delegación actúa de manera transparente y que el INE puede confirmarlo en el momento que lo determine, toda vez que la Fepade puede actuar de manera oficiosa en cualquier momento”, continuó.
También indicó que la Sedesol no cuenta con recursos etiquetados para la adquisición de cemento y la renta de bodegas, como lo señaló la diputada federal, Blanca Jiménez, en rueda de prensa la tarde del martes.
“La tercera aseveración consiste en el presunto almacenamiento de bultos de cemento, despensas y tinacos provenientes de la delegación. Señalo enfáticamente que carece de fundamento y veracidad en virtud de que la delegación no tiene aperturas programáticas ni recursos etiquetados para la adquisición y compra de los productos señalados o para la renta de bodegas. Subrayo que los recursos destinados al combate a la pobreza, de conformidad con las reglas de operación, son trasferidos a los gobiernos municipales, responsables de la licitación y ejecución de dichos programas”, externó.
En contraste, el delegado, reconoció en el documento que sí hay un contrato de arrendamiento de vehículos con una empresa de la capital del país.
“Por lo que toca al cuarto señalamiento, referente al contrato de la delegación con la empresa Casanova Rent, es prudente mencionar que efectivamente existe un contrato de arrendamiento, producto de la adjudicación derivada de una licitación nacional, efectuada en las oficinas centrales ubicadas en la ciudad de México”, sentenció.
“Asimismo, quiero informar que todo el parque vehicular oficial perteneciente a la delegación a mi cargo será resguardado de acuerdo al Programa de Blindaje Electoral de la Sedesol, en las instalaciones de Diconsa, acción de la cual darán fe la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia de la Sedesol y un notario público”, puntualizó.
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