Uno de los lados más vulnerables del Poder Judicial poblano son las carencias que se viven en los juzgados, así como los bajos salarios del grueso de los trabajadores y la falta de seguridad laboral del personal por contrato. Esas condiciones, que han sido ignorada sistemáticamente por el Consejo de la Judicatura, ha provocado que nuevamente se esté organizando un movimiento para expresar públicamente el ambiente de malestar, de protestas, contra los vicios con que funciona el aparato encargado de la impartición de justicia en el estado.
Mediante mensajes de WhatsApp se está convocando a que el próximo lunes, a las 11 de la mañana, se haga una protesta frente a las oficinas del Consejo de la Judicatura, ubicadas en Ciudad Judicial.
Se está pidiendo a los interesados en participar a que acudan vestidos de negro, para simbolizar que: “el Poder Judicial está muriendo”.
Dicho movimiento se debe observar, por ahora, con cautela al no percibirse cuáles son los verdaderos intereses que habría atrás de estas protestas, si es que se llegan a realizar.
No se sabe si este movimiento son protestas genuinas de los trabajadores o es una reacción de las llamadas “mafias de los jueces” por los últimos movimientos que han ocurrido en el Poder Judicial, luego de que hace unos días fue incorporado Pedro Martínez Hernández como nuevo integrante del Consejo de la Judicatura, que es el órgano rector y de disciplina del aparato de justicia en la entidad poblana.
Algunos miembros del Poder Judicial vieron con desconcierto esa designación debido a que Pedro Martínez Hernández, de apenas 29 años, no tiene carrera judicial ni la experiencia suficiente para entender los problemas que aquejan a este poder público.
Otros ven “una posible luz al final del túnel” con la llegada de Martínez Hernández, pues con él ya hay tres figuras importantes –los otros dos son Fredy Erazo Juárez y Martín Fuentes Morales—dentro del Poder Judicial que, son parte del grupo de confianza del gobernador Alejandro Armenta Mier, y se les percibe como los encargados de levantar un dique contra la corrupción y abusos frecuentes que ocurren en los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia.
Y existe una tercera opinión: quienes creen que Pedro Martínez no tiene el carácter que se necesita para enfrentar a dos facciones de jueces, que son hermandades para proteger los intereses de algunos magistrados del Poder Judicial o los actos de negligencia o corrupción que ocurren en la emisión de sentencias.
Esas mafias se han convertido en un poder fáctico, dentro del Poder Judicial. Frenar su actuar es “como querer detener con las manos la lava de un volcán en erupción”, dicen los conocedores.
Más allá de las intrigas en el Poder Judicial, es importante entender que son ciertas y crueles las condiciones de precariedad laboral y la insuficiencia de insumos con que funciona dicho Poder.
Hay algunos juzgados donde los expedientes están amontonados en bodegas sin protección de la humedad, de la fauna nociva y de posibles accidentes, como es un posible cortocircuito de las instalaciones eléctricas. Una situación delicada, si se toma en cuenta que esos archivos son el soporte de decenas de juicios de todos los ámbitos.
En muchas casas de justicia no hay toner para impresoras, es ineficiente el servicio de Internet, se carece de agua corriente y utensilios de aseo. Tampoco se tiene la papelería suficiente para que funcionen los juzgados. Eso lleva a que se genere el sistema de “dádivas” o “donaciones “, para que el personal compre por su cuenta los insumos materiales que son básicos.
Otro problema son los bajísimos salarios. Muchos trabajadores ganan cantidades insuficientes para la supervivencia de una familia.
Y una buena parte del personal está bajo contratos eventuales. Viven siempre con el miedo de ser despedidos en cualquier momento.
Todas estas carencias, por primera vez, hicieron crisis entre mayo y octubre de 2023, cuando el personal de Ciudad Judicial realizó una serie de protestas, mismas que no acabaron solucionando nada.
Esas manifestaciones provocaron en su momento la abrupta caída de Carlos Palafox Galeana, quien dimitió en agosto de 2023 y tuvo una efímera trayectoria como magistrado y presidente del Consejo de la Judicatura, pues no duró más de 10 meses en esas responsabilidades.
La manera en que se apaciguó ese enojo colectivo del personal del Poder Judicial, es que se prometió que en el año 2024 habría una revisión de los salarios, las carencias materiales y las formas de contratación. Nada de eso ocurrió.
El sello distintivo del actual presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Sánchez, es cerrar los ojos frente a los vicios del Poder Judicial.
