Con apenas 29 años, sin carrera en el Poder Judicial y sin experiencia en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, ha sido nombrado Pedro Antonio Martínez Hernández como nuevo integrante de dicho Consejo, el cual es el órgano rector que administra, vigila y disciplina el funcionamiento del aparato de impartición de justicia en el estado de Puebla.
Desde ahora, a este joven abogado ya se le ve como un fuerte aspirante a ser el próximo presidente del Consejo de la Judicatura, en sustitución de José Eduardo Hernández Sánchez, quien dejará ese cargo cuando se haga la elección judicial de 2027 o posiblemente renuncie antes de esa fecha, algunos –jueces y magistrados–estiman que dicha dimisión podría ocurrir a finales del presente año.
Pedro Antonio Martínez Hernández es parte del círculo de confianza del gobernador Alejandro Armenta Mier en el Poder Judicial, junto con los magistrados Fredy Erazo Juárez y Martín Fuentes Morales.
En estos tres personajes, Erazo Juárez, Fuentes Morales y Martínez Hernández, descansa la intención del mandatario de que se merme la corrupción y los abusos en el Poder Judicial. El gobernador ha priorizado el estabilizar la seguridad pública en Puebla como un factor vital para garantizar la gobernanza y el bienestar social.
Frente al hipotético escenario de que la llegada de Pedro Antonio Martínez Hernández al Consejo de la Judicatura pudiera ser el paso previo para que este abogado, en el mediano plazo, se convierta en el próximo presidente del Poder Judicial y busque ser el artífice para ejecutar cambios profundos en el aparato impartidor de justicia, surge una serie de dudas elementales:
Este joven abogado, sin haberse fogueado en las intrigas y luchas de poder que hay dentro del Poder Judicial, ¿va a poder enfrentarse a los llamados “lobos”?
¿Podrá sortear las presiones y resistencias de los jueces, junto con los funcionarios de salas y juzgados?
¿Tendrá el arrojo para imponer cambios frente a los intereses de las dos mafias que dominan a este poder público?
Se les llama “los lobos” –en radio pasillo– a los magistrados César Iván Bermúdez Minutti y Daniel Iván Cruz Luna, quienes controlan a lo que muchos llaman “las mafias del Poder Judicial poblano”.
Quien detenta más poder es, sin duda alguna, César Iván Bermúdez Minutti quien desde hace dos décadas ha tenido el control de una importante estructura –no oficial y visible– de magistrados, jueces y funcionarios judiciales que actúan en función de los intereses de su líder.
Un dicho que se comenta mucho dentro del Poder Judicial es que, si alguien quiere influir en el sentido que debe haber en la sentencia de un juez, debe tocar la puerta del magistrado Bermúdez y no perder el tiempo en la presidencia del Consejo de la Judicatura.
De ese tamaño es su influencia.
Se dice que todos los magistrados que arribaron a esos cargos durante el periodo morenovallista, así como una veintena de jueces y docenas de funcionarios judiciales están bajo el control de Bermúdez Minutti.
A eso es a lo que se va a enfrentar el recién estrenado miembro del Consejo de la Judicatura.
“No es fácil”, tal como dicen los habitantes de Cuba siempre que hablan de la profunda crisis que vive el país caribeño.
