Algo muy grave está ocurriendo en el Juzgado Penal de San Pedro Cholula ya que, en las últimas semanas y meses, por lo menos se han librado de seguir en el penal de esta ciudad cinco personas acusadas de delitos graves, que van desde violación hasta homicidio culposo y secuestro. Una situación que deja la sospecha de que la corrupción y el abuso de autoridad podrían ser los factores que han permitido que sujetos acusados de tales ilícitos no estén en el centro de reclusión.
Se tiene focalizado un caso que ha llamado mucho la atención, por tratarse de un supuesto femenicida confeso al que se le ha concedió el derecho de estar en prisión domiciliaria, como si el asesinato de una mujer motivado por el odio de género no fuera uno de los delitos más atroces.
De acuerdo con lo que se sabe, el pasado 10 de junio, luego de haber estado varios días prófugo, fue detenido un hombre de edad avanzada de nombre Gildardo N., quien según la versión de quienes conocen la carpeta de investigación sostienen que el acusado habría reconocido ser el homicida de su pareja sentimental, quien es la madre de su única hija.
Como siempre ocurre en la estadística oficial de las autoridades, cuando se detiene a un probable responsable de un delito se da por resuelto y cerrado el caso, cuando en realidad acaba pasando todo lo contrario, nunca se hace justicia y los acusados acaban libres.
Tal parece que ese es el rumbo que podría tomar la acusación penal contra Gildardo N.
Resulta que al empezar el proceso penal en el Juzgado Penal de Cholula un secretario de acuerdos, no el juez, determina concederle una medida cautelar al acusado mediante la cual se le otorga el derecho de salir del penal de dicho municipio y que sea trasladado a una vivienda privada en el fraccionamiento Geovillas El Campanario, para que ahí enfrente la prisión domiciliaria.
Se supone que habría dos agravantes para impedir que se le diera esa salvedad. Primero, que ya estuvo prófugo de la justicia y se supone que no se les concede la prisión domiciliara a quienes ya buscaron evadir la acción del sistema penal acusatorio.
Y en segundo lugar, por tratarse de uno de los delitos más graves que castiga el Código Penal, sin discusión se le tendría que haber negado el abandonar el penal de San Pedro Cholula en tanto no se le dictara una sentencia de culpabilidad o absolutoria.
Lo más grave es que el Juzgado Penal de Cholula, cuyo titular es el juez Luis Fernando Cornejo Huesca, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con el presunto feminicida Gildardo N.
También hay un silencio sepulcral del Poder Judicial de Puebla, que debería tener una posición sobre esta atípica prisión domiciliaria.
Así como de otros casos de acusados que en el Juzgado Penal de San Pedro Cholula les han permitido dejar la prisión, pese a ser señalados de cometer delitos de alto impacto.
En cambio, los que ya pusieron “el grito en el cielo” son los vecinos de Geovillas El Campanario, un fraccionamiento ubicado en la periferia de San Pedro Cholula, quienes con sobrada razón ya han expuesto que no quieren cerca a un supuesto homicida que, en cualquier momento, va a buscar escaparse.
Parece que el Juzgado de San Pedro Cholula fuera el epicentro de la corrupción y los abusos del Poder Judicial poblano.
Ahí fue donde se procesó a muchos de los presos políticos del morenovallismo, que los acusaban de múltiples delitos con pruebas inexistentes. Y en esos casos no había libertad domiciliaria.
Hubo un hecho emblemático, el de Israel Pacheco, ex dirigente sindical y actual funcionario del gobierno de Alejandro Armenta. Él estuvo cuatro años y cuatro meses en prisión, entre otras acusaciones por una supuesta extorsión de 3 mil pesos. Gran parte de su privación de la libertad la pasó en el penal de San Pedro Cholula, para que al final fuera absuelto y quedara demostrado que sufrió una persecución del morenovallismo.
Eso significa que en el Juzgado Penal de San Pedro Cholula es más grave una extorsión de 3 mil pesos que el asesinato de una mujer.
Por si fuera poco, es importante recordar que en esa plaza fue juez, durante muchos años, José Refugio Alejandro León Flores, un hombre que ejerció esa función sin tener título profesional, violando las reglas elementales del Poder Judicial.
Y ahora resulta que uno de los secretarios de acuerdos del Juzgado Penal de San Pedro Cholula es Jhonatan Macuil, quien es hijo de Alejandro Macuil Tlahuetl, un comandante de la Policía Ministerial que recientemente fue detenido por supuestamente dar protección a un personaje apodado “El Patuleco”, quien presuntamente es responsable de la desaparición de 10 personas.
Vaya que hay suficientes motivos para desconfiar de los aparatos de procuración y administración de la justicia.
