Desde hace semanas o meses, sin ninguna estridencia, fueron despedidos o se les orilló a renunciar a unos 30 directivos –de diferentes niveles– de Agua de Puebla, como parte de “una limpia” que se está haciendo dentro de la empresa que se ha visto envuelta en abusos financieros internos y de muchos excesos contra miles de usuarios, principalmente del sector comercial y de colonias populares de la capital.
Los cambios no se han reducido en desplazar a funcionarios, sino también en nombrar a nuevos encargados que tienen una característica en común: provienen de otros lugares ajenos a la entidad poblana, como una manera de evitar que se vean involucrados en el círculo vicioso que ha dominado a la compañía en su década de existencia y que sembró Héctor Durán Díaz, quien hace siete meses cayó como director general de Agua de Puebla.
A la par, ha trascendido que habría en curso una investigación financiera contra Héctor Durán Díaz, quien, junto con Marisol Aguilar Sánchez, quien fue despedida hace dos semanas como encargada de la Dirección de Atención Ciudadana, tejieron una larga lista de intereses económicos y de abusos que acabaron provocando un creciente malestar social contra Agua de Puebla.
Esos abusos se tradujeron en cobros excesivos contra los usuarios de Agua de Puebla, con campañas jurídicas de “terror” contra los clientes y en establecer un sistema inequitativo de dotación de agua, pues mientras se ofrecía el líquido a grandes desarrollos inmobiliarios e industriales, se redujo drásticamente la dotación del recurso hídrico a colonias populares.
Como parte de esa revisión, quien ha sido severamente cuestionado es el morenovallista Gustavo Gaytán Alcaraz, quien –desde hace 11 años–, en su calidad de titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), no cumplió con lograr que este organismo fuese un ente regulador eficiente del contrato de concesión que ostenta Agua de Puebla desde 2014.
Todas estas modificaciones que se están haciendo en Agua de Puebla o Concesiones Integrales no provienen de la acción del Congreso del estado o el Poder Ejecutivo, como correspondería, por tratarse de un servicio público.
Los cambios se derivan de dos factores interrelacionados:
El primero fue la llegada, en febrero pasado, de Jordi Bosch Bragado como director de Agua de Puebla, luego de que a Durán, de manera fulminante, lo cesaron en los últimos días de diciembre del año anterior.
Bosch ha practicado una serie de auditorías y revisiones de los proyectos en curso de Agua de Puebla, para darse cuenta de que la mala imagen de la compañía es proporcional al maltrato constante que ha existido contra los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.
Situación que derivó en el cese de Marisol Aguilar Sánchez, en los primeros días de este mes, pues ella, en su calidad de directora de Atención Ciudadana, diseñó campañas de “terror jurídico” contra los usuarios del agua y, en muchos casos, hacía pagar a la gente montos que no estaban justificados.
Jordi Bosch Bragado tiene una trayectoria muy diferente a los anteriores directivos de Agua de Puebla.
De origen español, fue funcionario de la empresa Agua de Barcelona y después estuvo al frente de dos proyectos complejos: dotar del elemento hídrico a la ciudad de Orán, en Argelia, y a Saltillo, Coahuila, en donde el principal problema es la severa escasez del líquido.
Un segundo factor es el cambio de inversionistas en Agua de Puebla, a raíz de que Xinfra Fibra E, de capital chino, habría adquirido alrededor de 40% de acciones de Agua de Puebla.
Mientras que el Grupo Hermes, de Carlos Hank González, que a su vez controla a Banorte y Gruma –compañía dedicada a la producción de harina de maíz–, tendría poco más de 50 por ciento.
Hay otros dos pequeños inversionistas que tienen una cantidad menor de acciones.
Con ello se rompió la participación de Gutsa, del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuya familia fue muy favorecida con contratos de infraestructura en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como de Ticsa, una compañía de capital colombiano.
La alianza de Hermes y Xinfra Fibra E ha planteado hacer un saneamiento financiero de la empresa del agua y, sobre todo, intentar revertir la pésima imagen que la compañía tiene en el ámbito social. “Una mala prensa”, como definió no hace mucho uno de los nuevos directivos de Agua de Puebla.
Todo esto pasa por otra importante negociación financiera.
Se sabe que, en la liquidación de la deuda del Museo Internacional Barroco, que evitó al Gobierno de Puebla erogar más de 11 mil millones de pesos en los próximos lustros, tuvo que ver la buena disposición del Grupo Hermes.
Todo indica que, a cambio de resolver el lastre que significaba el Museo Internacional Barroco, Hermes habrían logrado el compromiso de que no se va a tocar la concesión del agua potable que se otorgó hace 11 años, bajo una inversión inicial de 3 mil 800 millones de pesos y cuyo contrato terminaría en el año 2044.
Adicional a que Banorte o Grupo Hermes puedan financiar proyectos de infraestructura en el presente sexenio.
