La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla otorgó a las 212 empresas de seguridad privada registradas en el estado un plazo que vence el 31 de julio para regularizarse, de lo contrario sus permisos serán cancelados y no podrán seguir operando.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, explicó que el plazo de 60 días es “prudente” y que las compañías deben solventar las observaciones hechas durante las revisiones, enfocadas en aspectos como la selección del personal sin antecedentes penales, capacitación, equipamiento adecuado y condiciones dignas de trabajo.
“Estamos verificando que cumplan con todas las observaciones que se les dieron. Les dimos 60 días que concluyen el 31 de julio y, a partir de ahí, vamos a hacer una evaluación”, señaló Sánchez González.
Actualmente, 60% de estas empresas (alrededor de 128) incumple con la llamada libreta de cargos establecida por la SSP para garantizar un servicio profesional. Entre las principales irregularidades detectadas están la falta de control sobre antecedentes penales de los empleados, deficiencias en la capacitación, carencia de equipo adecuado e instalaciones inapropiadas.
Además, el funcionario reveló que ninguna empresa privada en Puebla cuenta con permiso para portar armas, autorización que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante ello, la Policía Estatal podría ofrecer capacitación especializada para mejorar las condiciones de seguridad.
Por su parte, la Unión Empresarial de Seguridad Privada y Conexos A. C. (UESPAC) reconoció que existen al menos 100 empresas “patito” operando en el estado sin registro formal. Su presidente, Luis Miguel Mendoza Reyes, pidió la creación de un padrón único y recursos para la capacitación obligatoria en derechos humanos, a fin de que el costo no se traslade a los clientes.
La SSP adelantó que la próxima semana habrá una reunión con empresarios en el C5 para atender dudas y acelerar la regularización. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación ofreció fungir como mediadora entre las compañías y dependencias federales y estatales, incluyendo la Guardia Nacional.
Con esta medida, el Gobierno estatal busca profesionalizar el servicio de seguridad privada y evitar riesgos para la ciudadanía, tras detectar serias deficiencias en la mayoría de estas empresas.
