El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, analiza una posible demanda internacional contra SpaceX, la empresa de Elon Musk, por los impactos ambientales y de seguridad generados tras el lanzamiento del cohete Starship, cuyos restos cayeron en costas de Tamaulipas, específicamente en playa Bagdad, en Matamoros.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que se realiza una revisión legal y ambiental para determinar si los lanzamientos de cohetes desde la base Starbase, en Boca Chica, Texas, violan normas internacionales. El objetivo es proteger el medio ambiente y la seguridad en el noreste del país.
El cohete Starship explotó tras su lanzamiento el pasado 18 de junio. Sus fragmentos, compuestos por caucho, silicona, aluminio y plásticos, fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta territorio mexicano. La situación ha generado alerta ambiental, ya que estos residuos podrían contener sustancias tóxicas que afectan a la fauna local.
Organizaciones ambientalistas denuncian que la microbasura espacial pone en peligro a especies como la tortuga Lora, cuya liberación de crías fue suspendida por precaución. También se han detectado daños en cuerpos de agua y ecosistemas de aves costeras.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, respaldó las preocupaciones y señaló que las explosiones han puesto en riesgo a comunidades cercanas, ya que las instalaciones de SpaceX operan a menos de 100 metros de territorio mexicano.
La explosión más reciente no fue en Starbase, sino en el Centro de Pruebas Massey, junto al río Bravo, lo que aumentó la dispersión de escombros en campos de cultivo y zonas de pastoreo.
