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La gran paradoja del post-acuerdo con la insurgencia y del proceso de construcción de paz en Colombia puede ser la de sus implicaciones en el medioambiente, destacó hoy un estudio de Naciones Unidas con la cooperación del gobierno alemán.
“La incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles”, destacó el estudio de la ONU.
El documentó advirtió que ignorar o desconocer este “aspecto podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen”.
El estudio señaló que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz, son áreas de altísima relevancia ambiental.
Las áreas principales son desarrollo de infraestructura, apertura de mercados y capitales, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, entre otras.
En el análisis que hicieron los expertos en el estudio señalaron que el 90 por ciento de los municipios, “con prioridad en el post-acuerdo, tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 100 por ciento de su área bajo estas figuras”.
Además la “implementación de la Reforma Rural Integral impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas distintas a los que su vocación permite”.
La asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes, apuntó, así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras, “debe considerar tanto la vocación productiva de la población como las características biofísicas del suelo y la oferta natural disponible”.
Argumentó que a “partir de la base natural se presentan una serie de posibilidades para dinamizar las economías rurales con participación de víctimas del conflicto, excombatientes y organizaciones de las comunidades”.
Los acuerdos y la nueva dinámica social y política, “muy posiblemente generarán condiciones para mejorar la competitividad de las regiones y del país, que es necesario evaluar y potenciar, como por ejemplo, el agro y ecoturismo, la bioprospección, el pago por servicios ambientales”.
Planteó que la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos.
El informe resaltó que estas respuestas requieren capacidades tanto técnicas como financieras para atender los retos del pos-acuerdo en lo referente con las acciones de planificación, monitoreo y control.
Sin embargo, advirtió, “hay una tendencia a disminuir los recursos financieros asignados a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), que de hecho ya son pocos. En 2012, el presupuesto del SINA fue una tercera parte de lo que fue en 1998”.
Los recursos asignados a la autoridad ambiental, “incluso en sus años más boyantes, han sido muy escasos si se comparan con las asignaciones que para el tema ambiental realizan otros países, como aquellos que pertenecen a la OCDE, que oscilan entre el 1 y 2 por ciento del PIB”.
El gobierno y las guerrillas de las FARC, avanzan en La Habana, desde noviembre de 2012 en un acuerdo que ponga fin a cinco décadas de conflicto armado en Colombia, y poco se conoce de los alcances del pacto en temas de medioambiente.
