Irene Olea Torres ya fue notificada que enfrenta dos cargos y 49 pruebas en su contra en el caso de las dos periodistas que fueron torturadas cuando transcurría su segundo año como alcaldesa de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, la audiencia en que ocurrió esta parte procesal –al mediodía de este miércoles en el Centro de Justicia Federal de Puebla– tuvo un elemento de mayor peso: en esta sesión se presentó la petición oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) de que en el juicio se incluya el asesinato de Socorro Barrera Sánchez, quien era una testigo protegida en este asunto y fue ejecutada exactamente hace un año.
Socorro Barrera se encontraba –la tarde del 21 de junio de 2024– en un autolavado de Izúcar de Matamoros y de pronto llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon contra la joven que estaba de encargada de ese negocio. La versión oficial que, en ese entonces, ofreció la Policía Municipal –todavía bajo el mando de Irene Olea Torres– es que se había tratado de un asalto al establecimiento y la mujer había muerto de manera circunstancial.
El que ahora la FGR esté pidiendo que ese homicidio sea integrado al juicio en cuestión sería un indicativo de que para la Fiscalía General de la República esa muerte no fue consecuencia de un asalto, sino que habría sido una ejecución para impedir que Socorro Barrera compareciera ante un juzgado y declarara contra la entonces alcaldesa matamorense.
Y es que hay dos datos fundamentales: a Socorro Barrera la mataron tres días antes de que se celebrara una audiencia judicial en la que estaba programado que se iba a presentar a declarar bajo la figura de testigo protegida de la FGR.
El segundo dato es: se sabe que Barrera Sánchez había ofrecido a la FGR un testimonio demoledor contra Irene Olea.
Ha trascendido que habría declarado ante la fiscalía que: el 10 de marzo de 2023, ella todavía era trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros y se percató de que Irene Olea Torres habría conocido y tal vez ordenado que esa noche fueran detenidas las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, sin que hubiera cargos en su contra, para después ser llevadas a los separos de la Policía Municipal en donde sufrieron actos de tortura y agresión sexual, además de haber estado incomunicadas por cinco horas.
Todo por una supuesta venganza contra el diario Enlace de la Mixteca, que es la empresa familiar de las hermanas Hoyos López, junto con sus padres, y que había mantenido una línea editorial crítica hacia el gobierno de Irene Olea Torres.
Si prospera la solicitud de la FGR, habría un vuelco de 180 grados, ya que Irene Olea y 12 ex servidores públicos del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros no solamente estarían enfrentando un juicio por tortura, sino también por homicidio, entre otros delitos.
Del acoso al asesinato
La historia de la testigo protegida es la siguiente: días después de la agresión que sufrieron las hermanas Natalie y Michelle Hoyos López, se supo que había mucha calma ente los miembros del círculo cercano a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros porque suponían que la denuncia de las periodistas no tendría mayor trascendencia.
Confiaban en que la denuncia iba a ser “frenada” y desechada en la Fiscalía General del Estado de Puebla que, en ese entonces, tenía como titular a Gilberto Higuera Bernal.
Por eso la posición de la alcaldesa era decir que “no había pasado nada” y que ella nunca estuvo enterada de que las jóvenes comunicadoras hubieran sufrido algún hecho de violencia.
Con lo que no contaban Olea y su equipo de trabajo, es que las agraviadas y su familia acudieron a la FGR, donde tocaron “muchas puertas” para que finalmente la fiscalía federal entendiera que estaba ante un caso grave de tortura.
El involucramiento de la Fiscalía General de la República tomó por sorpresa a Irene Olea, que no supo de la intervención federal hasta que un día, de manera inesperada, llegó un robusto operativo de la FGR que realizó dos cateos: en la Secretaría de Seguridad Pública y en las oficinas de la presidenta municipal, además de que se hizo una reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 10 de marzo de 2023.
Durante esa investigación, en la que intervinieron agentes policiacos y del Ministerio Público Federal, así como peritos, se logró captar un valioso testimonio de una trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Era una mujer que no estaba de acuerdo con los constantes abusos de la Policía Municipal matamorense.
Ella desde un principio habría confirmado que era real la agresión sufrida por las periodistas y que la presidenta municipal habría conocido los hechos en tiempo real, sin que “moviera un dedo” para frenar el abuso policiaco.
Dicen fuentes bien informadas que, cuando Irene Olea se enteró de lo que había ocurrido, puso de cabeza al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros para identificar al testigo que había declarado ante la FGR.
Cuando supo que había sido Socorro Barrera Sánchez, habría ordenado una campaña de acoso en su contra.
Primero un grupo de funcionarios la habría citado a una reunión, en la cual le habrían advertido que si no retiraba su testimonio ante la FGR sería despedida. Ella les contestó que, aunque perdiera el empleo, no se retractaría.
Días más tarde, un grupo de policías municipales la encerraron en un cuarto de la Secretaría de Seguridad Pública, donde la presionaron para que diera marcha atrás con su versión de los hechos del 10 de marzo de 2023, ya que, si no lo hacía, le pasaría lo mismo que a las periodistas. No cedió.
Finalmente, la despidieron del Ayuntamiento sin una justificación legal.
Ya estando fuera del gobierno municipal, ella se mantuvo firme en declarar contra Irene Olea.
Dos veces, se cancelaron las audiencias judiciales en que iba a rendir su declaración, ante un juez federal, sobre la forma en que ocurrió la agresión contra Natalie y Michelle Hoyos López.
Esa situación provocó una sentida queja de colectivos feministas ante el Poder Judicial Federal.
Se programó una tercera audiencia. Se prometió que en esta ocasión no se cancelaría la cita judicial.
Tres días antes de la última audiencia programada asesinaron a tiros a Socorro Barrera, que al momento de morir tenía un botón de pánico y la supuesta protección de la Policía Estatal de Puebla.
