El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, envió al Congreso local una iniciativa de ley para establecer una política estatal de prevención social de la violencia y la delincuencia. La propuesta busca atender el rezago legal que mantiene a Puebla como una de las siete entidades del país sin una regulación específica en la materia.
La Ley de Prevención Social de la Violencia contempla la creación de un Consejo Estatal que coordine acciones con autoridades federales, estatales y municipales, así como una Comisión Estatal honorífica que proponga mecanismos de monitoreo.
Cada municipio deberá conformar un área especializada en prevención, elaborar un Plan Anual de Seguridad e instalar Comités Ciudadanos de prevención, involucrando a colonias, barrios, inspectorías y juntas auxiliares. Estos comités planearán y evaluarán políticas públicas con enfoque participativo.
La iniciativa considera elementos clave como educación, salud, arte, deporte y desarrollo urbano como herramientas para combatir el origen de la violencia.
Según la ENVIPE 2024, los delitos e inseguridad costaron 17 mil 500 millones de pesos a los hogares poblanos en 2023. Cada víctima perdió en promedio 7 mil 578 pesos.
Esta ley alinea a Puebla con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y deberá ser implementada en un plazo de 90 días tras su aprobación legislativa.
