Mientras la investigación judicial y el juicio contra el despojo de dos terceras partes de ex factoría textil de La Covadonga han estado empantanados por más de dos años y medio, se está gestando una nueva invasión contra esta exfábrica ubicada al norte de la ciudad de Puebla. Todo esto ocurre por la actitud indolente de autoridades municipales, estatales y del Poder Judicial, cuya inacción ha permitido que, con toda impunidad, se hayan podido vender de manera ilegal más de 400 predios del área en conflicto.
El sábado 10 de mayo, por la noche, estuvo a punto de provocarse un enfrentamiento en la exfábrica de La Covadonga, que pudo haber terminado en una tragedia.
Resulta que ese día, aprovechando que todo mundo estaba en el festejo de las madres, un grupo de varias personas ingresó a una extensión de 12 hectáreas de uso agrícola que pertenecen a la Fundación Julita y Antonio, que es la propietaria legítima de La Covadonga.
La mayoría estaban vigilando, mientras otros empezaron a hacer mediciones y otros más tomaban fotografías.
Esa situación inquietó a un grupo de vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, que luego de observar a los hombres que parecían tener facha de topógrafos, se percataron que en realidad eran los autores de la invasión de dos grandes extensiones de lo que fue La Covadonga, una de las fábricas más importantes del esplendor de la industria textil de Puebla.
Eso llevó a que los vecinos se organizaran y salieran a encarar a los invasores, que estarían vinculados a la empresa Agua Inmaculada, que ha sido señalada de estar atrás del despojo y la venta ilegal de predios en cuestión.
Durante varios minutos, parecía que eso iba a terminar con una batalla campal. Los invasores decían que no se retiraban y como siempre, sin poderlo probar, decían que eran los dueños de las tierras. Mientras que lo colonos con palos y piedras no se dejaron intimidar.
Al final, alguien dio la orden a los invasores de retirarse, lo cual evitó que “la sangre llegara al río”.
La colonia Agrícola Ignacio Zaragoza fue fundada hace varias décadas por una parte de los obreros que laboraban en La Covadonga, una fábrica textil que estuvo activa durante 117 años entre los siglos XIX y XXI.
Por eso los vecinos se han sentido identificados con lo poco que queda de la ex fábrica textil y, sobre todo, porque se han visto gravemente afectados por la invasión que se gestó hace más de dos años. Desde que inició el conflicto, la zona se ha vuelto extremadamente peligrosa, pues son frecuentes los asaltos y la presencia de gente armada, al parecer vinculada con el despojo que ha sufrido factoría, que cerró sus puertas en el año 2006.
Los vecinos narran que así inicio la invasión, con la llegada de un grupo de hombres que se hacían pasar con trabajadores para hacer levantamientos topográficos y, al final, se apoderaron de manera violenta de decenas de hectáreas.
La corrupción, la fuente del conflicto
Uno supondría que un litigio de invasión tendría que ser algo fácil: simplemente se pide que cada parte demuestre quién es el legítimo propietario y se compruebe la autenticidad de los documentos.
Ese procedimiento en Puebla deja de ser sencillo y se convierte en una pesadilla, por la corrupción que permea en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.
Al darse la invasión de La Covadonga, los abogados de la Fundación Julita y Antonio presentaron la documentación que acredita a ese organismo privado con el propietario.
Los invasores presentaron un supuesto contrato de compra-venta, que podía ser echado abajo con facilidad, si no hubiera sido porque alegaron que la propiedad no pertenece al municipio de Puebla, sino a Cuautlancingo.
De nada sirvió que los dueños presentaron las boletas prediales en las cuales se demuestra que La Covadonga paga impuestos en el municipio de Puebla, así como la escritura, en donde se asienta que la exfábrica está en la capital. Y que se añadieron otros documentos, donde se indica que las colonias alrededor están en territorio de la Angelópolis.
Ese pretexto de “la discrepancia” en los documentos, le permitió a la FGE tardar dos años en judicializar la carpeta de investigación por la invasión.
Y cuando “la pelota ya estuvo en la cancha de un tribunal”, resulta que un juez argumentó que no le constaba que la antigua carretera entre Puebla y Tlaxcala ahora se llame Emiliano Carranza, para de esa manera frenar el litigio.
Tuvieron que pasar seis meses para que un juez de Distrito otorgara un amparo y le ordenara al juzgado del fuero común que reponga el procedimiento, lo que implica repetir la audiencia inicial, como si apenas estuviera empezando todo el conflicto.
Todos los meses que la FGE y el juzgado han retrasado este asunto, lo aprovecharon los invasores.
Lotificaron las áreas invadidas y ya vendieron unas 400 fracciones de tierras, cobrando entre 250 mil y 300 mil pesos por cada predio.
Se venden baratos los terrenos porque el área no tiene conexión a la red de agua potable y no hay energía eléctrica. Es resumen, no hay un solo servicio público. No hay ni banquetas.
Todo eso pasó porque un notario público de Tlaxcala ha estado supuestamente avalando los contratos de compra-venta, sin que los invasores demuestren ser los propietarios.
Mientras que el Ayuntamiento de Puebla no hace nada contra el surgimiento de asentamientos humanos irregulares.
Y el Gobierno del estado tampoco se mete al ordenamiento territorial.
En resumen: en Puebla se vive bajo la ley de la selva.
