La cifra oficial de que, cada dos días en promedio, se comete un intento de linchamiento en el estado de Puebla, es un reflejo inequívoco del hartazgo de la población hacia los aparatos de prevención del delito, de procuración y de administración de justicia, que no han logrado frenar la ola ascendente de violencia y sobre todo, aminorar la impunidad que se traduce en que se investigan y se castigan menos de 8 de cada 100 ilícitos que se cometen en la entidad.
La cifra de 80 intentos de linchamientos en lo que va de 2025 –que este martes reveló la Secretaría de Gobernación–, junto con los cientos de casos acumulados de los últimos 8 años, es una muestra clara de la crispación que hay en las comunidades rurales y suburbanas ante un imparable proceso de deterioro de la seguridad pública y el Estado de Derecho.
Frente a este panorama no se observa ninguna estrategia efectiva para cambiar la crítica condición en que se encuentra la justicia en México y en Puebla.
A lo único que le está apostando los gobiernos es al “juego de los números”, consistente en sembrar en la opinión pública la idea de que se están reduciendo los índices delictivos.
Visto de otra manera: lo que se quiere cambiar es la percepción de la opinión pública, no la realidad violenta.
Para lo cual, se abusa de frases como “reducciones históricas” o “abatimientos sin precedentes” de los índices de ilícitos. Una condición que acaba chocando con la cruda realidad que es, diametralmente distinta al discurso oficial.
Se habla de un combate permanente al narcotráfico, pero ahora resulta que hasta en las comunidades indígenas y campesinas más alejadas de Puebla, hay redes de narcomenudeo. Sin incluir que los consumos de enervantes se están extendiendo alarmantemente entre niños y adolescentes.
Las estadísticas oficiales relatan que hay una disminución en el robo de vehículos y de autopartes. El caso es que hay un aumento brutal de un mercado negro de autos robados y de refacciones.
Sobre las extorsiones, hay muchas comunidades en donde se ha vuelto un lugar común de los comerciantes reconocer que se paga sobornos al “crimen organizado” para no ser “molestados”.
O que muchos establecimientos, de todo tipo, cerraron porque ya no pudieron o no quisieron seguir pagando el llamado “derecho de piso”.
En Puebla no cabe duda de que el punto de quiebre se vivió durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, pues a lo largo de su sexenio se le “abrió las puertas” del estado a las bandas del robo de combustible.
Además, se cerraron agencias del Ministerio Público y se redujo drásticamente el tamaño de las corporaciones policiacas, para evitar gastar en temas de seguridad pública y canalizar esos fondos a los proyectos políticos de Moreno Valle, que tenía el delirio de querer ser presidente de México.
Todo eso paso durante el morenovallismo, que tuvo como principales cómplices a los miembros de la clase política del PRI.
Luego de periodo obscuro de Moreno Valle, han pasado un gobernador postulado por el PAN y 3 de la 4T, más uno independiente, que no le han encontrado “la cuadratura al círculo” de la violencia en Puebla.
Por eso se entiende que la gente se prende, se enerva, pierde la cabeza, ante la más mínima provocación.
