Faltando dos días para el Jueves Santo, en la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla (PJP), se vivieron momentos de estrés y de angustia porque había una orden tajante de que, ese martes 15 de abril, tenía que estar terminado a como de lugar un informe detallado de cada unos de los jueces de la entidad. El propósito era seleccionar a 10 togados para someterlos a un proceso de jubilación “voluntariamente a la fuerza”.
Y efectivamente, luego de la Semana Santa ha trascendido que ya se tiene seleccionada a la mayoría de los jueces de la llamada “vieja guardia” que serán sometidos a un nuevo abuso del Poder Judicial, consistente en obligarlos a que “soliciten” su retiro, bajo la amenaza velada de que, si no lo hacen, entonces utilizaran sus oscuros antecedentes para despedirlos del Tribunal Superior de Justicia y se queden sin pensión.
No se sabe con precisión cuándo se ejecutará ese acto de presión para retirar del servicio activo a una decena de jueces.
Lo que, si queda claro que es un abuso, toda vez que un principio básico del derecho laboral es que un trabajador es quien debe decidir de manera libre e individual en qué momento de la vida se jubila y no tiene que ser un proceso colectivo, ni bajo presión, como el que se está preparando en el PJP para echar de la manera más vergonzosa a un grupo de funcionarios del Poder Judicial con trayectorias de más de 30 años, en la mayoría de los casos.
El autor de este abuso sería José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Consejo de la Judicatura, cuya responsabilidad en ese cargo termina en el año 2027, pero se ha convertido en un “secreto a gritos” que próximamente se le podría pedir la renuncia. En ese escenario de posibilidades, se dice en los corrillos de los tribunales, que el magistrado no se quiere ir del PJP sin dejar colocados a nuevos jueces que sean afines a sus intereses.
Se dice que entre los jueces que podrían ser obligados a jubilarse se encuentra:
Elmo Mayoral Bello quien, aunque es muy cercano a César Iván Bermúdez Minutti, el magistrado que controla una poderosa y oscura “hermandad” de jueces, estaría entre los juzgadores que están “en la mira” del Consejo de la Judicatura.
Ruperto Leonardo Treviño Musalem, quien actualmente es presidente del Colegio de Jueces de Primera Instancia.
Un asunto que podría salvar a Treviño Musalem de que lo echen del PJP, es que se anda promoviendo para ocupar un lugar de consejero del Consejo de la Judicatura. Para ese propósito, dicen los enterados, es que ha buscado acercarse y volverse del agrado de la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, para impulsar su supuesta “candidatura”.
Miguel Hernández Jiménez, quien es el juez que le cambió de manera favorable las medidas cautelares al periodista Arturo Rueda, que le permitió salir de la cárcel por un proceso penal que lo llevó a prisión un par de ocasiones. Se cuenta que esa decisión le habría costado al togado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
También aparecerían los nombres de los jueces: Isauro Romero Limón, Marco Antonio Mendoza Benítez, Fernando Cornejo Huesca y Venustiano Islas López.
Faltarían por conocer otros tres nombres de jueces que serán objeto de presiones para que dejen vacantes sus plazas.
De acuerdo con fuentes bien informadas indican que ya se tiene definido el tamaño del presupuesto para que sean exactamente 10 los jueces a los que “les corten la cabeza”, pero elegantemente se diga que ellos clamaron recibir su jubilación y luego, en una melosa ceremonia les entreguen un diploma, en medio de lágrimas, para fingir que a todos les duele que se vayan del Poder Judicial y al mismo tiempo, les reconozcan su aporte a la justicia en Puebla.
Los que evidenciaron toda esa farsa fueron Carlos Ramírez Nava y Rosa Celia Pérez González quienes, en junio de 2024, formaron parte de un grupo de 10 jueces a los que se les obligó –también– a solicitar su jubilación.
Ambos personajes se ampararon en contra del proceso de retiro. No se sabe en qué terminó su pelea jurídica, pero con esa solicitud de protección de la justicia federal dejaban claro que ellos nunca tuvieron la intención de terminar su vida laboral en el Poder Judicial poblano, sino que en términos reales los echaron.
En particular Carlos Ramírez Nava, quien tenía 38 años de servicio en el Poder Judicial, no solo se habría amparado contra la jubilación, sino se negó a acudir a una ceremonia en que el entonces gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, les entregó reconocimientos a los jueces que se jubilaron hace 10 meses.
Ramírez Nava el último día que laboró, grabó un video en Ciudad Judicial, rodeado del personal que lo acompañó en su última etapa de juez y ahí expresó:
“…la vida es un ciclo, llegó el momento de partir; dar oportunidad a la gente nueva para impartir justicia, como yo lo he hecho por 38 años… sin embargo, se tiene que hacer mucho para que se reconozcan nuestros derechos… Me voy, porque me tengo que ir”, dando a entender que él no quería su jubilación.
