Para quienes aseguran que a los campesinos les pagaron sus tierras en la expropiación de 1991, no fue un pago, les aventaron unos centavos.
La expropiación de 1991 fue el robo del siglo en Puebla, que cobró la vida de al menos una persona, de la que no hay registro en archivos hemerográficos.
El 26 de julio de ese año, la administración del entonces gobernador Mariano Piña inició con el proceso de expropiación de mil 84 hectáreas de varios ejidos; el más grande fue el de San Andrés Cholula.
El despojo se concretó entre 1991 y 1992 de lo que era la fuente de trabajo de cientos de familias campesinas.
En distintas asambleas celebradas en la colonia Emiliano Zapata, los ejidatarios de San Andrés Cholula acordaron no aceptar este despojo y planearon movilizaciones en contra del gobierno.
Expropiación de 1991 ¿Quién frenó las movilizaciones en Puebla?
En esos momentos unos soñaban con derrocar al gobierno de Piña, como lo hicieron distintos sectores sociales en 1972 cuando fue destituido el gobernador Rafael Moreno Valle.
Eso no sucedió, alguien se encargó de parar en seco las protestas y movilizaciones de los ejidatarios, al infundir miedo.
Los ejidatarios tenían como representante y abogado a José Luis Serrano, quien acudió varias veces a reuniones con funcionarios estatales para llevar el mensaje del descontento social.
Este abogado explicó en esa época a los campesinos que había una ruta legal muy larga, y que consistía en recurrir ante las instancias federales.
Misteriosamente, un día apareció muerto de varios balazos este abogado. No hubo detenidos. Quizá nunca hubo una investigación. No se supo quién fue el autor intelectual del asesinato.
Bajo amenazas sometieron a los ejidatarios, quienes suspendieron los planes para movilizarse e iniciar una ruta legal.
Antes de que acabara ese año fueron citados los ejidatarios en distintas fechas en Casa Aguayo, para que recibieran migajas por sus tierras expropiadas.
Los líderes recibieron un poco más, para no alborotar al resto de campesinos. El resto recibió un promedio de 25 mil pesos por hectárea, que en 1994 (tres años después) con la devaluación, estos se redujeron a 25 pesos por hectárea, es decir, recibieron .0025 centavos por cada metro cuadrado.
Los campesinos quedaron desempleados, con el paso de los años se enfermaron y murieron en la pobreza total.
Los 33 años posteriores a 1991 vino el negocio millonario. Los gobiernos de la década de los 90’s, además del de Piña y Manuel Bartlett vendieron a bajo precio las tierras a empresarios.
Gracias a la expropiación se levantó el centro comercial Angelópolis, universidades privadas, zonas residenciales como La Vista y Lomas de Angelópolis.
Esas tierras se vendieron en dólares. Hasta hace un par de años en Facebook había una publicación de lotes a 30 mil pesos el metro cuadrado a una calle del Tribunal Electoral del Estado, en la zona expropiada.
Es decir, una hectárea costaba al menos 300 millones de pesos hace dos años, y al legítimo dueño, campesino, o ejidatario, lo indemnizaron 25 mil pesos en 1991.
Por eso, cuando el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que Grupo Proyecta fue uno de los más beneficiados, no se equivocó, pero sí hubo quienes victimizaron a estos empresarios.
Cuando se acabaron las tierras expropiadas, vino el despojo en las juntas auxiliares de Tlaxcalancingo y Cacalotepec, en San Andrés Cholula.
Desde hace 20 años, hubo acusaciones de campesinos contra Grupo Proyecta, por despojos de sus tierras. Esta historia se repitió en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde se expandió Lomas de Angelópolis.
Todo fue originado por la expropiación de 1991, o el mayor robo en la historia de Puebla, que continuó en este nuevo siglo.
