Alguien debería advertirle al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, que entre sus nuevos funcionarios hay una que puede convertirse en un dolor de cabeza por sus antecedentes penales y el puesto que le asignaron en el Archivo Municipal.
Se trata de María del Pilar Portillo Fernández, quien fue nombrada por el secretario general del Ayuntamiento de Puebla, Justino Joaquín Espidio Camarillo, como jefa de Concentración del Archivo Municipal.
Pilar Portillo fue candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2015 y en julio de ese año fue enviada a prisión por el Juez Noveno Penal, Isauro Limón Melchor, por el delito de extorsión.
Fue acusada de formar parte de una banda dedicada a la extorsión de bares, antros y centros nocturnos de Puebla, en complicidad con Jorge Salvador Torres Vázquez (presunto líder de la célula delictiva) y Boris Andy Pastrana Ángeles.
Pilar Portillo salió de prisión y en 2018 volvió a insertarse en la política, como asesora parlamentaria de la diputada local de Morena y actual presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz.
Su nombramiento en el Archivo Municipal puede resultar potencialmente peligroso, pues bajo su responsabilidad en el Departamento de Concentración hay documentación sensible de funcionarios y dependencias de las gestiones de Mario Marín Torres a las de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez.
¿Como qué información?
Planes y programas de gobiernos de esas administraciones, oficios, contratos, expedientes de obras y contratos, evaluaciones de desempeño, declaraciones de situación patrimonial y auditorías, por mencionar sólo unos cuantos archivos.
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Emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración licitaciones amañadas
Aquí le voy a exhibir dos licitaciones públicas dizque nacionales lanzadas por el gobierno del estado que confirman que en la Cuarta Transformación poblana persisten los concursos amañados para la adquisición de bienes y servicios por montos millonarios.
La trampa de ambas licitaciones, que este miércoles se publicaron en los periódicos El Universal y El Heraldo de Puebla, está en el periodo para adquirir las bases.
El plazo no es de una semana, tres días o 24 horas. Para nada, el plazo para comprar las bases, que es como la inscripción a las licitaciones, es de apenas siete horas. Sí, leyó bien: siete horas.
¿Qué licitación pública nacional que se precie de seria, legal, imparcial y sin dedicatoria, puede fijar un periodo de siete horas a las empresas especializadas en la venta, suministro y distribución de insumos alimenticios para el personal operativo de la Policía Auxiliar y los albergados de las diferentes casas de asistencia y talleres de capacitación del Sistema Estatal DIF?
¿Qué empresa, por eficiente que sea, tiene la capacidad de enterarse de la publicación de dos licitaciones el mismo día y de la misma dependencia, de adivinar en qué periódicos se publicarán, de revisar los requisitos que debe cumplir y de checar con sus áreas administrativas, técnicas y operativas si están en condiciones de presentar en tiempo y forma la documentación solicitada y de formular las propuestas técnica y económica y de cumplir con los plazos y garantías establecidas en las bases, antes de adquirir éstas?
La verdad es que ninguna, a menos que la referida empresa tuviera información privilegiada o supiera de antemano las bases y cuándo estas se iban a publicar y dónde.
¿O me equivoco?
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