Una muestra del fuerte deterioro en que se encuentra el aparato de administración de Justicia en Puebla es lo que sucede en el juzgado de Tepexi de Rodríguez, en donde cientos –tal vez miles—de expedientes y procesos judiciales están en riesgo de desaparecer en medio de una inundación o en un incendio. Lo único que protege a los documentos oficiales, de los que no hay respaldo, son simples bolsas negras de basura. El techo del edificio está fracturado y con cubetas –que están encima de los legajos– retienen el agua de lluvias y del drenaje. Mientras que los enchufes de energía eléctrica están sellados con cinta canela, lo que en cualquier momento puede provocar un corto circuito con fatales consecuencias para un lugar que hay montañas de papel.
Hace tres meses en este espacio se narró que, en la mayoría de los juzgados del estado de Puebla, principalmente los más alejados de la capital, carecen de todo lo necesario para funcionar: no hay papelería, tóner para impresoras, agua potable y en ocasiones, no sirve el servicio de internet, que ahora es prioritario para el desempeño del Poder Judicial. Sin contar con la carencia de personal.
Lo que ocurre en Tepexi de Rodríguez supera lo anteriormente narrado. Empezando porque en ese municipio se encuentra el penal de alta seguridad del estado. Pero, sobre todo, porque en cualquier momento se pueden perder todos esos expedientes y eso significa vulnerar la justicia en Puebla, que de un día a otro se acabe con todo lo actuado en cientos de procesos judiciales.
Sin exagerar, los juzgados en la entidad son propios de “una república bananera”. Pero, sobre todo, es la herencia que han dejado José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Conejo de la Judicatura del estado de Puebla (CJP), y la magistrada Margarita Gayosso Ponce, quien preside el Tribunal Superior de Justicia. Ambos en breve dejarán ya sus cargos.
Más grave resulta que –en diciembre pasado— llegó al Poder Judicial Fredy Erazo Juárez, quien se perfila a ser el próximo presidente del CJP, y poco o nada le ha preocupado cambiar la dramática situación en que están los juzgados. Todo indica que a este personaje solo le interesa tomar el control político del aparato de justicia, pero no cambiar su deplorable condición, en lo material y en la corrupción que permea en este poder público.
Dramático llamado de auxilio A través de un video fechado el 5 de febrero de este año, fecha en que sarcásticamente se conmemoró el 108 aniversario de la Constitución General de la República, el titular del juzgado de Tepexi de Rodríguez, Marco Antonio Mendoza Benítez, hizo circular la grabación entre los jueces del estado para hacer un dramático llamado: están en riesgo de perderse cientos o miles de expedientes judiciales.
Por más que ha mandado correos electrónicos al CJP, ha sido ignorado, acusa el togado.
Las imágenes –del video que se puede ver en las redes sociales de La Jornada de Oriente—muestra las deplorables condiciones del Centro Integral de Servicios (CIS), construido durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, que a decir del juez: “Se ve bonito por fuera”, pero adentro el juzgado labora en un espacio extremadamente reducido para sus necesidades, pues apenas se cuenta con un área de 5 metros de frente por 20 de largo.
Los muros del juzgado están fracturados, no funciona la instalación original de energía eléctrica, se fugan las aguas negras, el techo tiene abundantes grietas que filtran el agua de lluvia y el plafón ya se desprendió casi en su totalidad.
Los expedientes se encuentran apilados, algunos en el piso, otros en muebles destartalados. En algunos casos la columna de documentos llega casi hasta el techo. La primera impresión que da ver ese caos: es que ahí es imposible encontrar algún legajo en poco tiempo. Abunda el desorden.
El juez ha pedido en varias ocasiones que se lleven todo eso al Archivo General del Poder Judicial o al municipio de Cholula, para proteger los procesos legales. Nadie le ha hecho caso.
La parte dramática es ver como hay muchas cubetas, encima de los muebles o de las pilas de expedientes, que sirven para atajar el agua de la lluvia que se filtra: De hecho, narra el denunciante que un par de días antes ya cayó la primera precipitación pluvial del año. La única protección de los documentos son bolsas de plástico, abiertas, para intentar abarcar lo más posible.
En el “tour” que ofrece el juez Marco Antonio Mendoza, llega a uno de los sanitarios en donde se fugan “las aguas negras” de las tuberías, que no están cubiertas, generando una terrible pestilencia y llevando al riesgo de que en cualquier momento se reviente la instalación y ocurra una inundación.
Más dramático es que en la zona de escribientes, los enchufes de la energía eléctrica están en el suelo, destruidos, con docenas de cables conectados y cubiertos de cinta canela. Esa condición puede provocar un corto circuito y que se incendien los expedientes, que muy cerca, están amontonados.
Las cosas funcionan por la voluntad del juez, no por las condiciones que ofrece el gobierno del estado –que es responsable del CIS— y el Poder Judicial que se encarga de los juzgados.
Un problema elemental que había –cuando hace cuatro años el juzgado lo llevaron a esa instalación supuestamente “moderna”— es que no funcionaba el sistema de alumbrado interno. Se tuvo que pedir ayuda al ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez para que hubiera luz en todas las áreas de dicho lugar.
El recorrido llega hasta la oficina privada del juez Mendoza Benítez, quien narra que se encuentra en buen estado, arreglada, amueblada y decorada “de manera personalísima” porque él mandó a remodelar, con el dinero de su bolsillo. Se justifica: “Porque me gusta estar bien”. Pero al entrar con cámara en mano a su sanitario se observa una enorme fractura, del piso hasta el techo, en uno de los muros.
Las carencias no son solamente físicas. También de personal. El juzgador –de paso— cuenta que lleva dos años sin un proyectista de sentencias. Por lo que él debe cumplir una doble función, de la que dice que realiza con ahínco, sin dejar de mostrar con la cámara que en cada área del juzgado hay docenas de expedientes, de casos abiertos y cerrados.
A lo largo de 6 minutos y 48 segundos, con una puntal y clara descripción, el juez expone que hay un corredor que apenas mide metro y medio de ancho, que es donde se realizan las diligencias de los juicios. Es un espacio que no es apto para esa labor y los abogados, de acusados y acusadores, tienen que estar de pie todo el tiempo.
Las oficinas de los secretarios son de apenas dos metros por dos metros.
El espacio de la diligenciaria del juzgado es del mismo tamaño, pese a que ahí se acumulan muchos documentos.
La Oficialía de Partes es un espacio de 2.5 metros por 1.5 metros. No caben ahí más de 5 personas.
Un juez consultado por este tecleador dice: “Ojalá que eso solo pasara en Tepexi de Rodríguez. Pasa en todo el estado”.
