Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a dos personas, aseguraron armamento, dosis de droga y vehículos.
Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas en un domicilio, los agentes de seguridad implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad, y recabaron datos de prueba que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el domicilio.
Tras efectuar un despliegue coordinado, los efectivos acudieron a un inmueble ubicado en la avenida de las Aves, en el fraccionamiento Interlomas Residencial, en Culiacán, donde en estricto apego a los protocolos de actuación, detuvieron a dos hombres: Raúl Alonso N., de 24 años, y Héctor Abel N., de 38 años, quienes pretendían emprender la huida y portaban dos armas de fuego cortas.
En el domicilio se aseguraron tres camionetas, dos de ellas con blindaje, y un vehículo; dos de estos automotores contenían en su interior un fusil Barret, dos ametralladoras, una subametralladora, cargadores, tres bolsitas de plástico con pastillas de fentanilo, una mochila con equipo táctico y teléfonos celulares.
El domicilio asegurado y los detenidos están vinculados con una célula delictiva liderada por un sujeto identificado como “El Perris” y/o “El 27”, quien es el encargado de la seguridad del grupo delictivo “Los Chapitos”, del Cartel del Pacífico, principal generador de violencia en Culiacán, Sinaloa, responsable de secuestros, homicidios, así como de la producción y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, para su traslado a Estados Unidos.
Los detenidos fueron informados del motivo de su detención, se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal; en tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial para las indagatorias subsecuentes.
