Hoy sabemos que existió un brutal saqueo a las finanzas en los Gobiernos de Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa, pero no hay un solo ex funcionario en la cárcel porque la clase política de Puebla se enriquece y se protege para gozar de millonarios ingresos del erario.
La impunidad es lo que ha prevalecido en los últimos años en Puebla, debido a que sólo se hacen denuncias públicas, criticas fuertes y reflexiones sobre lo grave que ha ocurrido en el manejo de las finanzas públicas, pero no hay castigo.
Ayer el gobernador Alejandro Armenta llamó delincuentes a los empresarios que se aprovechan de contratos leoninos para saquear las finanzas a través del Museo Internacional del Barroco y también se puede aplicar para los beneficiados por las concesiones de las líneas 1, 2 y 3 de la RUTA, el CIS, Agua de Puebla, las plataformas de AUDI y otras tantas bajezas que se cometieron con Moreno Valle.
¿Y no se puede hacer nada contra los ex funcionarios estatales y ex diputados locales que validaron ese saqueo?
O en el caso del Gobierno de Miguel Barbosa, en donde se perdieron 600 millones de pesos al invertir ilegalmente en el Banco Accendo y no se recuperó ni un peso.
No es suficiente con lamentar las millonarias deudas que dejó Rafael Moreno Valle, ni lo que aún se debe por el MIB, AUDI, CIS y el pésimo servicio de Agua de Puebla y la RUTA.
Se debe actuar y no permitir que ese brutal saqueo a las finanzas quede impune y, desde luego, que los ex funcionarios responsables vayan a prisión.
Evidentemente no pasará nada de eso.
Los políticos siempre se protegen entre ellos, sin importar de qué partido sean.
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