Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, encabezados por María Paola Macip Hernández, quien labora en el Hospital de Especialidades San José del IMSS, denunció ante diversas autoridades prácticas de agiotismo y violencia económica que afectan directamente a sus ingresos y estabilidad financiera.
Estas acusaciones están dirigidas tanto contra particulares como contra actores dentro de la propia institución, incluyendo agiotistas, sindicatos y sistemas judiciales que presuntamente favorecen dichas prácticas.
Denuncias por usura y descuentos injustificados
Entre los casos destacados, los trabajadores señalaron el uso de pagarés con montos inflados y la aplicación de intereses excesivos. Según el testimonio de los afectados, préstamos pequeños, como uno de 500 pesos, han generado juicios por cantidades que exceden los 50 mil pesos debido a intereses y cláusulas abusivas. En algunos casos, estos procedimientos han llevado al embargo de bienes, como viviendas.
Un caso específico es el de María Paola Macip Hernández, quien fue víctima de un pagaré alterado que infló considerablemente la deuda original. La trabajadora denunció que su firma fue utilizada en un pagaré que registraba montos y condiciones irreales, el cual compartió con la redacción de Reto diario.
Foto: Especial
Además, los descuentos en nómina mediante la figura del concepto 155, que originalmente está destinado a pensiones alimenticias, han sido utilizados para saldar deudas con prestamistas sin justificación clara. Los trabajadores denunciaron que estos descuentos llegan a representar hasta el 30% de sus ingresos quincenales, lo que afecta gravemente su economía y calidad de vida.
Complicidad y corrupción señaladas
Los trabajadores denunciaron la complicidad de ciertos actores, incluidos representantes sindicales y personal judicial, quienes presuntamente colaboran con los prestamistas al validar pagarés fraudulentos y asegurar fallos favorables.
También destacaron la falta de acción por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que, según indicaron, ha hecho caso omiso a sus quejas o las ha desestimado como “asuntos entre particulares”.
Propuestas de solución
Los afectados presentaron varias propuestas para combatir estas prácticas:
- Regulación estricta del agiotismo: Implementar lineamientos que obliguen a los prestamistas a registrarse ante el SAT, Condusef y Profeco para operar legalmente.
- Suspensión de descuentos injustificados: Revisar y detener los descuentos en nómina que no estén debidamente sustentados.
- Modificación legislativa: Reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para garantizar la transparencia en la emisión y cobro de pagarés.
- Protección laboral: Implementar medidas preventivas y correctivas para garantizar un entorno laboral seguro y equitativo.
Un llamado urgente a las autoridades
El colectivo afectado ha solicitado la intervención directa de instancias como el SAT, la Condusef, la Profedet y el Poder Judicial para frenar estas prácticas. Además, apelaron al apoyo de los gobiernos estatal y federal para establecer medidas que erradiquen la usura y protejan a los trabajadores de estos abusos.
“La seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos”, señalaron, citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y exhortando a las autoridades a actuar de manera expedita para garantizar justicia y equidad. Incluso, a mediados del mes pasado, María Paola Macip envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exponiendo su caso.
Venta de pagarés
María Paola Macip Hernández señala que José de Jesús B. H. vendió el pagaré de su deuda a Oswald M., quien al momento de la compra mostró su cédula de ingeniero y cuando demandó, mostró su cédula de abogado.
“Al hacer una revisión de los hechos (Oswald M.) me comenta que atrás de todo está un personaje llamado David R. P. a quien hago responsable de todo daño que me pudiera pasar al realizar este tipo de denuncia”, señala Macip Hernández, en la misiva donde da a conocer su caso.
