El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP) manifestó una profunda preocupación tras la reciente aprobación de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Según sus representantes, esta modificación otorga al Gobierno federal el control sobre 2.4 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores.
En declaraciones realizadas hoy, Josafat Gerardo Cervantes Pérez, vicepresidente fiscal del CCPEP, recordó que el Infonavit fue establecido en 1973 como una institución tripartita, con una participación equitativa entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esta estructura, señaló Cervantes, garantizaba un equilibrio en los órganos de vigilancia, transparencia y auditoría, fundamentales para la toma de decisiones sobre los recursos del fondo.
Sin embargo, el vicepresidente fiscal advirtió que con la nueva reforma el Gobierno tendrá una mayoría decisiva en estos órganos. Aunque trabajadores y empresarios podrán participar con voz y voto, será el gobierno el que tenga la última palabra en las decisiones sobre el uso de los recursos.
“El Gobierno va a tomar el poder del órgano de vigilancia y del órgano de auditoría. Los trabajadores y empresarios tendrán derecho a opinar, pero en última instancia, el poder de decisión recaerá en el gobierno en turno”, afirmó Cervantes.
Además, expresó su preocupación por las posibles implicaciones de esta reforma.
“El Gobierno podrá disponer del dinero como considere mejor. Podría optar por que el Infonavit tenga su propia constructora, lo cual sería un error, ya que todas las obras o empresas que construyen para el Gobierno están subsidiadas con recursos de los contribuyentes”, subrayó.
Cervantes también destacó que la modificación a la ley permitirá al instituto invertir sus recursos, “que actualmente superan los dos billones de pesos”, sin la supervisión adecuada.
La reforma fue aprobada por el Senado el pasado 14 de diciembre y ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. Sin embargo, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que no habrá sesiones extraordinarias y que este tema no será abordado hasta 2025.
