La Razón
La excomandante de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, en Guerrero, Nestora Salgado, además de privar de su libertad a algunos de sus pobladores, los alquilaba para trabajar como jornaleros o en las construcciones de quienes requerían “mano de obra”.
Al menos diez exintegrantes de este grupo policiaco reconocieron esto ante autoridades federales y detallaron que primero les pedían dinero a los detenidos a cambio de liberarlos, pero cuando no pagaban los obligaban a trabajar y sólo les daban una o dos comidas al día.
Aún así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al gobierno mexicano liberarla como medida cautelar para recibir tratamiento médico por un accidente que la habría dejado parapléjica.
La recomendación 2/2015 de la CIDH, indica que la medida cautelar 4555-13 en favor de la mujer presa en un penal de alta seguridad de Nayarit, es para que en no más de 15 días, el Estado Mexicano “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”.
Alejandra González, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Washington, que llevó el caso de Nestora ante la CIDH indica que también se pedirá que liberen a la comandanta.
Sin embargo, testimonios de hombres como los de los expolicías comunitarios Gregorio Pacheco Castro, Eleuterio García Carmen o Benito Morales Justo coinciden al detallar lo que les hacían a los presos.
Todos estos forman parte de la averiguación previa TAB/FRZA/018/2013 que se inició en la Fiscalía Regional de Acapulco.
“Las personas que no cooperan se les pedía diversas cantidades de dinero… además que los obligaban a trabajar con labores de campo incluso iban pobladores para solicitar mano de obra y se les proporcionaba a uno de los detenidos y sólo se les daba una comida al día”, se lee en el testimonio de Benito Morales Justo que tiene la Fiscalía.
Cada una de las confesiones de la gente que trabajaba junto con Nestora Salgado fue tomada el 21 de agosto de 2013 cuando elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal y Estatal hicieron un operativo para detenerlos a todos y liberar a 39 personas que mantenían secuestradas.
“Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos (también miembros de la Policía Comunitaria) nos indicaban que pidieran la cantidad de 30 mil pesos por su liberación a los familiares de los detenidos y si no entregaban el dinero los castigaban como peones en las tierras de campo”, relató Eleuterio García Carmen aquel día.
Otro de los detenidos que aceptó esta forma de operar de Nestora Salgado y su gente es Ángel García García.
Este hombre aceptó que participó en la detención de al menos 39 personas y una vez que las tenían encerradas en lo que conocían como “casa de justicia” del Paraíso, “los utilizaban como esclavos en diversos cultivos, obligándolos a trabajar con la esperanza de que se comunicarían con su familia”.
Por ser “parapléjica”, medidas precautorias
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno federal a que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Nestora Salgado García, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas, además dio un plazo de 15 días para que las autoridades informen de la atención a sus recomendaciones.
El 28 de enero, la Comisión respondió a la solicitud de medidas cautelares que el 23 de diciembre de 2014 hicieron los abogados de la exdirigente de la policía comunitaria, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle, para proteger la integridad de Salgado, quien es acusada de secuestrar a cuando menos 39 personas.
Gonza reprochó que el gobierno de Guerrero no haya desistido de la acción penal, “ella tuvo un accidente que la dejó parapléjica. Es necesario que reciba atención médica, porque aunque ya se recuperó parcialmente, aún necesita medicamentos que ha dejado de recibir hace 18 meses que está de manera irregular en la cárcel”.
Destacó que se le debe brindar unos estudios específicos, “explicado que no tiene por qué estar recluida en un penal federal, es importante iniciar la implementación de las medidas cautelares, que entre otros temas, exige la atención médica permanente, así como estudios especializados con doctores seleccionados por sus abogados, y con representantes del equipo internacional anexos a la CIDH y su familia, mientras continúa con su proceso”.
El 8 de enero, el gobernador Rogelio Ortega solicitó el desistimiento de la acción penal a favor de “la solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz que está dentro de la facultad exclusiva del MP”.
Se queda en prisión: Procurador
La excomandante de la policía comunitaria del municipio en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, se quedará en prisión para continuar el juicio que existe en su contra por el delito de secuestro agravado, señala el procurador del estado, Miguel Ángel Godínez.
El funcionario dio a conocer el fin de semana que pese a la solicitud que hizo el gobernador Rogelio Guerra de desistirse de las acusaciones, se tomó la determinación de no hacerlo.
Por el contrario, aseguró que continuará “interviniendo jurídicamente en todos los procedimientos legales instaurados en contra de la procesada”.
En un comunicado, la Procuraduría de Justicia del estado aseguró que la conclusión de no desistirse de la acusación contra Nestora Salgado se tomó conforme a un “análisis minuciosa estrictamente jurídico”.
Y agregó que se tomó en cuenta que en su momento, jueces de primera instancia le dictaron auto de formal prisión por haber “bastantes elementos jurídicos para considerarla probable responsable de los delitos”.
