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Industriales (CONCAMIN y CANACINTRA), comerciantes (CONCANACO), patrones (COPARMEX), banqueros (ABM), propietarios de tiendas de autoservicios (ANTAD), entre otras organizaciones del sector productivo, que generan la mayoría de los impuestos, el 90% de los empleos formales y el 85% del PIB, tacharon a los tres niveles de gobierno de incompetentes para cumplir con la Constitución, que los obliga a garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.
Los productores denuncian la impunidad de grupos de pseudo maestros, cuyos sindicatos, por medio de la violencia, buscan preservar el control de cientos de miles de plazas que les permite el manejo arbitrario de millones de pesos mensuales. Ante la proximidad de un importante proceso electoral, los gobiernos no frenan la violencia para no correr el riesgo que los tachen de represores los grupos de derechos humanos simpatizantes de los violentos, quienes utilizan como excusa los desaparecidos de Ayotzinapa para robar, secuestrar, bloquear carreteras y provocar caos.
Tan sólo en el estado de Guerrero secuestraron, quemaron o saquearon 220 camiones, en su mayoría de transporte de pasajeros y productos comerciales. Paralizan el tránsito en el DF, Oaxaca o Acapulco. Roban peajes y cierran carreteras, con pérdidas millonarias para transportistas, comerciantes y ciudadanos, ante la complacencia de autoridades. Apedrean a policías, soldados y vandalizan oficinas públicas para provocar represión, crear más víctimas y tener excusas de más protestas violentas.
Es correcta la prudencia de las autoridades ante provocaciones, pero se fueron al extremo, al dar completa impunidad a minorías de delincuentes organizados que prostituyen la profesión de maestro. Los mal llamados “activistas sociales” (pues no activan la sociedad, sino la destruyen), en su mayoría pertenecientes a organizaciones de izquierda, y justificados por “intelectuales” y comunicadores de izquierda, ya le tomaron la medida al actual gobierno. Parten de la premisa que entre más violencia generen, más poder y dinero obtendrán de gobiernos que en nombre de la prudencia y por no correr riegos, les permiten robar y vandalizar impunemente.
Luis Pazos
Profesor de Economía Política
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