El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, propuso que en la discusión del sistema anticorrupción en el Congreso se tomen en cuenta iniciativas como las que operan en otros países, como Gran Bretaña y Canadá, para prevenir posibles casos de conflicto de interés en los funcionarios públicos.
En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, dijo que se requieren cambios legales para que sea obligatoria no solo la declaración patrimonial de los servidores públicos, sino una declaración de conflicto de interés para revelar, antes de tomar el cargo, las relaciones que tienen o han tenido con empresas públicas y privadas.
Videgaray también advirtió que en estos momentos no sería responsable ni conveniente bajar los impuestos para estimular la creación de empleos, porque una drástica caída de los precios del petróleo y la inminente alza de tasas en Estados Unidos, le metería presión a las finanzas públicas.
En este escenario, bajar la recaudación implicaría ponerle más presión al déficit público, a la credibilidad, al manejo de las finanzas públicas; en estos momentos no veo condiciones objetivas para disminuir los ingresos del sector público”, afirmó.
Al abundar sobre el tema del conflicto de interés en el gobierno federal, el titular de Hacienda estableció que si bien se deben hacer las investigaciones pertinentes para situaciones particulares, como la de su casa en Malinalco y otras, lo que se aplica en países desarrollados abonaría más a la transparencia y se evitarían muchos problemas.
“En México no tenemos tan desarrollado ese marco para prevenir el conflicto de interés; creo que el Congreso de la Unión tiene una magnífica oportunidad en este marco para discutir este tema. Creo que sería muy sano en este caso y otros de la misma naturaleza que ha habido en los medios de comunicación, que haya una investigación independiente, pero lo más positivo para el país es que existan estas modificaciones a la ley, que haya mucho más rubros con nuestro marco en materia de conflicto de interés”, dijo.
Manifestó que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa”.
Incluso reveló que la casa que compró a crédito a la inmobiliaria fue pactada a una tasa de interés de 5.31 por ciento; y además ofreció un dato nuevo: “Tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público, el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así”.
El funcionario dijo que si en México existiera la legislación para que todos los servidores públicos hicieran una declaración de conflicto de interés, se hubiera evitado el debate que surgió con la publicación en el periódico The Wall Street Journal.
“Creo que el centro del debate es el conflicto de interés y en ese sentido es una discusión positiva que tenemos que atender”, matizó.
Al final del día, dijo, “los servidores públicos tenemos que entender que desde que decidimos entrar a esta actividad, vamos a estar sujetos al escrutinio público”.
Videgaray añadió que todos los que tienen un cargo “debemos actuar con mucha transparencia, y claridad en nuestro ámbito público y también en el privado”.
En su caso sostuvo que actuó con transparencia y legalidad y que nunca escondió nada, ya que en su declaración patrimonial está asentada la propiedad que tiene en Malinalco.
“No he violado ningún principio legal. Creo que el debate fundamental tiene que ver con el potencial conflicto de interés”, argumentó.
Al referirse al recorte al gasto público que anunció el viernes pasado por 124 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 0.7 por ciento del producto interno bruto, el secretario expresó que fue una medida difícil pero necesaria, que no pondrá en peligro medidas como la disminución de las tarifas eléctricas.
“No está en riesgo. Vamos a tener mayor participación del sector privado, haciendo cosas con mayor eficiencia y cantidad de las que se podían hacer antes; lo que estamos viendo es que, por primera vez en muchos años, en enero, en lugar de subir la luz a las familias mexicanas, bajó, y también que en febrero disminuye el costo de la electricidad para las empresas, en alta tensión, y conforme avance la reforma energética, sin duda tendremos costos de la luz más bajos para empresas y familias”, reiteró.
El responsable de las finanzas públicas señaló que el Congreso será el indicado para analizar su propio ajuste al gasto, así como los estados, municipios, entes autónomos y otros poderes, en lo que será “sin duda un escenario más complejo en materia presupuestal”.
Videgaray dijo que el efecto del ajuste sobre la economía será marginal, porque dos terceras partes del recorte se harán en gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios, evitando nuevas contrataciones y eliminando las que se hacen por honorarios, así como bajarle al gasto operativo, como los viajes. En programas de subsidios se reducen las metas.
“Lo que le pega a la gente es que aumente la inflación, suban las tasas de interés y haya desempleo, y eso es lo que estamos evitando; al mismo tiempo se refuerza la confianza en las finanzas públicas”, afirmó.
El funcionario explicó que las diferencias entre los proyectos de los trenes de pasajeros que se cancelan o posponen y el nuevo aeropuerto es que éste se mantiene porque es urgente, al representar un cuello de botella para la aviación y la economía en general.
Reformas y proyectos
— La reforma energética busca revertir la caída de la producción de Pemex, que en 2003 era de 3.3 millones de barriles al día. El año pasado produjo 2.3 millones.
— Continúa el interés de las empresas en las licitaciones para la Ronda Uno derivadas de la reforma energética; no todas las inversiones son afectadas por los niveles de los precios del petróleo.
— El aeropuerto es un proyecto autofinanciable y los trenes requieren un subsidio muy importante, como el México-Querétaro, para el que se requerirían 48 mil millones de pesos de gasto público adicional al que aportarían los concesionarios.
