Algunos de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se opusieron a la reforma constitucional al Poder Judicial Federal (PJF), ahora están anotados para ser candidatos en la elección –por votos popular— de los próximos integrantes del PJF. Lo grave no es haber cambiado de opinión, o ser incongruentes frente a lo que cuestionaron, sino que algunos de ellos representan lo más obscuro del TSJ, pues han cometido los vicios que supuestamente se buscan erradicar con los cambios aprobados a este poder público por parte del Congreso de la Unión.
Entre los casos que se pueden cuestionar, de integrantes del Poder Judicial poblano que se han anotado para buscar ser magistrados en los próximos comicios del PJF, organizado por el Instituto Nacional Electoral, es pertinente mencionar los siguientes nombres: Guadalupe Muñoz Pérez, Abelardo Gil Martínez, Isaí Rivas López, Yrina Yanet Sierra Jiménez, Efraín Machorro Gayosso y Rosa Aurora Espejel Prado.
Algunos de ellos serían sospechosos de “vender sentencias” para liberar delincuentes. Otros, de haber llegado a cargos de magistrados del TSJ sin tener carrera judicial y como resultado de “favores políticos”. Así como de solapar supuestos actos de corrupción en las áreas administrativas de los juzgados, lo cual ha provocado que se tengan todos tipo de carencias, hasta de grapas y jabón de baño.
Un ejemplo claro es el de la jueza de oralidad penal Rosa Aurora Espejel Prado que tiene, como una gran mancha en su expediente, haber liberados al que parecía ser el asesino confeso de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, la hija del líder y fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), Rubén Sarabia Sánchez.
Meztli Sarabia fue ejecutada el 29 de julio de 2017, por un comando que se internó en el mercado Hidalgo, que es la sede de la UPVA. Tres gobernadores, José Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacho Pulido y Luis Miguel Barbosa Huerta, en algún momento prometieron esclarecer el homicidio, al que calificaron como prioritario.
En julio de 2023, un hombre llamado Pavel N. fue liberado, pese a que era el único detenido por la muerte de Meztli Sarabia y que aparentemente estaba confeso. Luego de ese episodio, no se ha avanzado nada en el esclarecimiento de dicho asesinato político.
Los últimos en enterarse de la salida del acusado fueron los abogados de la UPVA y los familiares de la victima. Para la 28 de Octubre se trató de toda una operación política de Estado para dejar impune el asesinato de una importante líder del movimiento social de vendedores ambulantes.
Dos de los integrantes del TSJ que buscan ser candidatos a magistrados tienen el mismo signo: llegaron a ser parte del Poder Judicial sin haber contado con una carrera profesional que avalara su designación y su nombramiento habría sido por prebendas políticas.
Tal es el caso de los magistrados Isaí Rivas López e Yrina Yanet Sierra Jiménez, que habrían sido designados por acomodos políticos y no por su carrera judicial.
Isaí Rivas López enfrenta un doble cuestionamiento: en un primer momento habría sido protegido por Héctor Sánchez Sánchez, quien de manera vergonzosa “salió por la puerta de atrás” de la presidencia del TSJ, luego de que renunció al Poder Judicial bajo sospechas de posibles actos de corrupción.
Y ahora, sería parte del grupo de Daniel Iván Cruz Luna, el secretario de Seguridad Pública estatal y quien aspira a colocarse en el Poder Judicial cuando termine su actual cargo público.
Bajo la tutela de Héctor Sánchez, a Rivas López se le habría señalado de ser omiso frente múltiples abusos en las áreas administrativas de los juzgados de oralidad.
Ahora, bajo la sombra del grupo de Cruz Luna se dice en “radio pasillo del TSJ” que habría “cerrado los ojos” ante arreglos de sentencias. Es el rumor que corre. De ser cierto, es casi imposible tener las pruebas en las manos.
Yrina Yanet Sierra Jiménez parecería no tener manchas en su expediente como magistrada, pero llegó al cargo con cero experiencia. Fue una posición del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Ahora quiere brincar al PJF que, se supone, implica mayor preparación y complejidad en la toma de decisiones.
Efraín Machorro Gayosso es otro caso similar a los dos anteriores. Nunca ha sido juez ni magistrado en el TSJ. Es un protegido de Eduardo Sánchez Hernández, el presidente del Consejo de la Judicatura. Por esa razón el primero ha sido secretario de ese órgano, más por un asunto de amistad, que de capacidades. Ahora quiere brincar al PJF.
Abelardo Gil Martínez era juez de oralidad y en el último tramo del actual sexenio, lo nombraron magistrado por influencia del grupo político en el poder. Sobre él pesa las sospechas de no “ser ortodoxo” en las sentencias.
Guadalupe Muñoz Pérez es consejera de la Judicatura local y desde su llegada, abundan señalamientos de corrupción contra el personal administrativo de los juzgados.
Por eso, es importante desde ahora advertir: hay que cuidar por quien votar el próximo primer domingo del mes de junio de 2025.
