Esta vez le tocó al padre Marcelo Pérez, sacerdote tzotzil y defensor incansable de la paz en Chiapas. El luto se ha instalado en San Cristóbal de las Casas, donde la mañana de este lunes se celebró una misa de cuerpo presente en honor al hombre que dedicó su vida a dar voz a los olvidados y que fue silenciado por las balas del odio y la impunidad. El gobierno de Rutilio Escandón es el principal responsable de una espiral de violencia que no hace más que recrudecerse, una guerra en la que el precio de la justicia y la paz se paga con sangre.
El padre Marcelo había recibido amenazas, la Fiscalía de Chiapas lo sabía y, aun así, no hubo protección. Su único delito: pedir paz en un estado que cada día se hunde más en la violencia. En septiembre, participó en una marcha por la paz y advirtió a los políticos que tomaran en serio el problema de seguridad. No lo hicieron. Los sicarios terminaron con su vida, pero su mensaje sigue vivo, y hoy más que nunca, nos corresponde exigir justicia.
Es inaudito que el asesinato del padre Marcelo no sea visto como un llamado urgente a actuar. No es el primer sacerdote asesinado por defender la paz; en 2022, dos misioneros jesuitas fueron asesinados en la Sierra Tarahumara. La violencia se ha normalizado y las autoridades parecen resignadas a ser espectadoras de un país en el que la muerte se pasea con total impunidad.
El cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal, señaló la incapacidad del gobierno para frenar el desborde de la violencia. La realidad en Chiapas es brutal: comunidades enteras están siendo desplazadas, los carteles operan sin freno y el estado parece haber sido entregado al crimen. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ya había advertido de un “ecosistema riesgoso” donde convergen sicarios, propietarios y ganaderos, con la complicidad de autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.
Los gobiernos estatal y federal deben esclarecer el asesinato de Marcelo Pérez y fincar responsabilidades a los gobernantes que han permitido que la violencia penetre cada rincón de la sociedad. Es urgente que se tomen medidas contundentes para devolverle la seguridad a los pobladores de Chiapas. No bastan las promesas de paz ni las palabras de consuelo; la justicia debe materializarse en acciones concretas.
El asesinato del padre Marcelo es una herida profunda para Chiapas y para México. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. El juicio de la historia no perdonará a quienes hoy se escudan en la indiferencia, ni a los gobernantes que se limitan a dar declaraciones vacías mientras la violencia consume a su pueblo. La exigencia es clara: justicia para el padre Marcelo, justicia para Chiapas, justicia para todos.
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