Por el país, en su camino hacia Estados Unidos, pasan cada año 350 mil transmigrantes, en su mayoría centroamericanos. Es el cálculo de hace años –antes de la pandemia– del Instituto Nacional de Migración (INM), y esa cifra no contempla las oleadas y caravanas masivas que han ocurrido y que, por supuesto, disparan exponencialmente esos números.
El nombramiento que ya adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como próximo comisionado del instituto que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), nos deja ver el énfasis humanitario que ella y él le darán al fenómeno migrante, que es precisamente el que las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos consideran que debe imprimirse.
La migración no es un “problema”, no es un “caso”, no es una “circunstancia”, es un fenómeno humano y debe ser visto, con énfasis, desde el respeto a los derechos fundamentales, ha sido la solicitud reiterada de esas asociaciones.
En los gobiernos panistas y en el breve regreso del priato a la Presidencia de la República, la política sobre la transmigración fue policiaca, con intención de frenarla a toda costa, incluso si se tenían que violentar los derechos fundamentales. Hubo muchas condenas a esa visión.
El término transmigrante lo trajo al uso común el ya fallecido sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, de la Parroquia de la Asunción de Puebla capital, quien realizó una labor extraordinaria y sin precedentes en la Pastoral de la Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Puebla. Su obra prevalece.
El trabajo del “Padre del morral”, como fue conocido con cariño Gustavo, se valora muchísimo, porque de esos 350 mil transmigrantes que al año cruzan territorio nacional, al menos para 150 mil, nuestro estado es paso obligado.
Muchos mexicanos y, por supuesto, muchos poblanos salen también cada año de sus comunidades para buscar una mejor vida e ir a trabajar a Estados Unidos.
Tras la pandemia, se redujeron los flujos emigratorios nacionales, pero siempre han estado, en el caso de Puebla, por encima de las 5 mil personas al año, en promedio, quienes dejaban sus hogares en el estado para ir a buscarse la vida en la Unión Americana.
Exigimos con sobrada razón que nuestros paisanos sean tratados con respeto a sus derechos humanos por las autoridades migratorias en el país vecino, pero es consecuente suponer que lo mismo se hará en México con los transmigrantes.
De ahí que venga la reflexión de que el nombramiento de Sergio Salomón Céspedes, quien tras dejar la gubernatura será el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tome tanta relevancia.
El poblano ha sido escogido, nos da la impresión, por su capacidad conciliatoria, la experiencia administrativa probada y porque es un funcionario que ha demostrado cercanía con la gente y sensibilidad y entereza ante las adversidades.
Pocos como él, coinciden muchas personas, podría imprimir el sentido humanitario que requiere el trato a los transmigrantes.
El nombramiento de Sergio Salomón Céspedes debe leerse también como el mensaje de Sheinbaum Pardo de que en su gobierno se abordará también con sentido humanista la migración.
Que haya éxito.
