Este martes concluye el proceso electoral local en su parte más compleja, que es lo relativo a la renovación de los 217 ayuntamientos del estado de Puebla, y se puede llegar a la conclusión de que la arbitra de la contienda, Blanca Yassahara Cruz García, no pasó la prueba y por el contrario, reprodujo los mismos vicios del pasado que es: no actuar con imparcialidad y someter al Instituto Estatal Electoral (IEE) a intereses partidistas, en esta ocasión a Morena.
Con Blanca Yassahara Cruz García se acabó reproduciendo un esquema muy similar al de Jacinto Herrera Serrallonga –quien encabezó al IEE de 2015 a 2019—, periodo en el cual la autoridad electoral se convirtió en un órgano que estaba al servicio de los intereses políticos del morenovallismo y dedicado a ocultar y defender las anomalías cometidas por el PAN, en la convulsa contienda de 2018.
Ese paralelismo se observa de la siguiente manera: desde que sonó el nombre de Blanca Yassahara Cruz García –en agosto de 2022— en el INE, como la candidata mejor valorada entre 12 aspirantes a dirigir el IEE, se supo que en mucho se debía a que era bien vista por Morena.
No importaba que esta mujer no tuviera la experiencia suficiente, ya que había sido funcionaria electoral distrital, pero nunca se había hecho cargo de unos comicios a nivel estatal.
Jacinto Herrera Serrallonga antes de ser designado como árbitro electoral, había sido subsecretario de Ingresos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas –entre los años 2011 y 2012–, en donde además trabó una relación de amistad con Martha Erika Alonso Hidalgo, que a la postre fue la candidata del PAN a la titularidad del Poder Ejecutivo de Puebla.
Es decir, en ambos casos –el de Herrera Serrallonga y Cruz García– se percibe que antes de que llegaran a la presidencia del IEE ya había un interés político atrás de sus aspiraciones de ser funcionarios electorales, para que después –una vez ya designados– su actuar se ajustara a beneficiar a la fuerza partidista que los llevó al cargo.
Dicha situación pone en entredicho los procesos del INE para seleccionar autoridades electorales imparciales.
La diferencia entre uno y otro es que en la renovación de poderes de 2018 los números estaban a favor de Morena y por eso, fue escandaloso el fraude en los comicios de gobernador para beneficiar al PAN y su candidata Martha Erika Alonso.
Y ahora, en 2024, otra vez las tendencias electorales eran totalmente favorables a la 4T, por lo que el actuar faccioso del IEE se percibió con mucho menor intensidad que hace 6 años.
Aún así hay evidencias del pandeo de Blanca Yassahara Cruz García y de la mayoría de los consejeros electorales a favor de la 4T.
El asunto más evidente es como en unos municipios el IEE decidió anular los cómputos de las votaciones, argumentando que se había roto la cadena de custodia de los paquetes electorales por la violencia que hubo el 2 de junio, el día de los comicios; pero en otras plazas en que hubo escenarios similares, ahí si se permitió oficializar el conteo de los sufragios.
Ejemplo: en San Nicolás Buenos Aires los ánimos exacerbados de algunos participantes en la lucha por el ayuntamiento, llevó a que se quemaran 4 de los 10 paquetes electorales del municipio. Al final, el IEE permitió que se computara la elección y ganó Ramiro González Vieyra, el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Se dice que había un acuerdo cupular entre la 4T y MC, para que no se impugnaran resultados electorales a favor de la segunda fuerza política, a cambio de que Movimiento Ciudadano tampoco llevara a los tribunales algunos triunfos morenistas.
En cambio, en los municipios de Venustiano Carranza y Chignahuapan pasó lo mismo, hubo quema de paquetes electorales y violencia, pero ahí el IEE actuó de manera diferente y anuló las contiendas.
Tuvo que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que “les corrigiera la plana” al IEE y el Tribunal Estatal Electoral, para recordarles que, desde hace varios años, está establecido que en unos comicios si se pierde el acta original del escrutinio de los sufragios, pero se conservan dos copias de dicho documento –por lo menos— de los partidos políticos, se debe computar el resultado, bajo la premisa de respetar el derecho al voto de los ciudadanos.
Por eso al final el TEPJF ordenó que, si se computaran las votaciones de ambas demarcaciones y este martes, habrá relevo de alcaldes.
Trascendió que el trasfondo es que Morena no quería, por ningún medio, que en el municipio serrano de Venustiano Carranza ganara Marcos Valencia, el aspirante del PAN; y en Chignahuapan, el triunfador fuera Juan Lira, el aspirante del partido Fuerza por México (FxM).
Un segundo escándalo: la transferencia ilegal de 27 mil votos de Morena a FxM, en el municipio de Puebla, para garantizar que la segunda fuerza no pierda el registro como partido político local.
Queda claro que esa anomalía se planeó y se ejecutó desde el interior del IEE, en donde oficialmente nunca se detectó esa operación fraudulenta, pese a que se tenía un área destinada exclusivamente a revisar que no hubiera errores o trampas en los cómputos municipales.
Es la fecha, en que Blanca Yassahara Cruz García guarda un silencio sepulcral. No dice nada del tema. Lo único que hizo fue dar vista a la Contraloría del IEE.
Eso equivale a ningunear el tema, por grave que sea, pues solo hay que tener en cuenta el siguiente dato: en 2018, se puso en evidencia en el TEPJF que se había violado la seguridad de la bodega en que se guardaban los paquetes electorales de la disputa por la gubernatura. El caso se turnó a la Contraloría del IEE para ser investigado y 6 años después, es la hora que esa instancia todavía no rinde un informe público de lo ocurrido.
Pareciera que ahora se quiere que pase lo mismo, que la Contraloría tarde “toda una eternidad” en investigar quién permitió “regalarle” votos de Morena a FxM.
Otro cuestionamiento: el Programa de Resultados Preliminares (PREP) costó 68.3 millones de pesos, que fue 133 por ciento más caro que el PREP de hace 6 años.
Lo grave es que no solamente fue oneroso, sino ineficiente. Muchas de las actas de escrutinio de votos que debía digitalizar la empresa que controló el PREP y exhibir en el sistema, no se veían bien o de plano no se distinguía nada, debido a que se le tomó fotografía a la copia al carbón que tenían los partidos políticos.
Se supone que el personal del IEE debía tomar las imágenes de los documentos originales de las casillas electorales y por alguna razón, no se cumplió con ese procedimiento básico. Frente a esa falla o anomalía, nadie dice nada en el Instituto Estatal Electoral.
En general Blanca Yassahara Cruz García es “una convidada de piedra”, nunca habla de los temas controvertidos.
