Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la reforma energética propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca asegurar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) recuperen su papel como empresas públicas.
La presidenta Sheinbaum Pardo, informó que la reforma constitucional se discutirá en las próximas horas en la Cámara de Diputados, para buscar devolver el carácter público a la CFE y a Pemex.
Una de las modificaciones será a artículo 25, a través de la cual se regresa a ambas empresas su carácter de públicas, desde el estatus de productiva del Estado, es decir, estarán regidas por el derecho público y no por el mercantil.
“Que las empresas regresen a ser empresas públicas, es decir, no es el mercado su principal función sino el servicio público y esta reforma lo que hará es fortalecerlas”, dijo la president
La mandataria recordó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hicieron reformas constitucionales, mediante las cuales se modificó por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex que, en vez de ser empresas públicas, se convirtieron en “productivas”.
“No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México, a partir de 2013, y en el caso de Pemex lo mismo, entonces estas empresas ya se rigen, no por las leyes públicas sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”, informó
Sheinbaum Pardo, subrayó que la reforma permitirá modificar las leyes secundarias para garantizar que CFE y PEMEX controlen el 54% de la producción de su sector. El restante 46% quedará en manos de particulares, quienes podrán desarrollar proyectos energéticos en colaboración con el gobierno.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que la reforma constitucional de 2013, generó condiciones adversas para la operación de la CFE y Petróleos Mexicanos en beneficio de las empresas privadas, abriendo áreas estratégicas que anteriormente estaban reservadas al Estado. Se privilegió la obtención de rentabilidad económica de la iniciativa privada por sobre las funciones estratégicas del estado.
Además, la reforma propone reservar el litio y el servicio de internet como áreas prioritarias para el Estado mexicano, lo que refuerza la seguridad energética del país. Con estas medidas, se espera preservar la autosuficiencia energética y garantizar que el Estado tenga preponderancia en el despacho de energía eléctrica, con el 54% de la generación suministrada por entidades públicas.
