Un personaje clave en la trama de las licitaciones amañadas que por 95.5 millones de pesos en uniformes policiacos y chalecos antibalas se le adjudicaron a Amin Business SA de CV, es precisamente la socia mayoritaria de esta empresa de nueva creación.
Se trata de Belén Marcela Hernández Ramírez, quien antes de haber constituido esta compañía en sociedad con su mamá, Martina Marcela Ramírez Vilchis, ya le vendía equipo de seguridad al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de otras razones sociales.
Una de ellas es Tactical Adventure SA de CV, en la que fungía hasta hace unos meses como representante legal, y que figura en la Plataforma Nacional de Transparencia como proveedora del gobierno del estado.
Tactical Adventure ha sido proveedora este año, y el anterior, de uniformes, chalecos balísticos y equipo de seguridad para el organismo público descentralizado denominado Ciudad Modelo y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
De acuerdo con empleados de este último organismo, Belén Marcela Hernández Ramírez también tiene vínculos con la empresa CSI Balistic, que se dedica a la venta de uniformes, equipo balístico y accesorios como cámaras de reconocimiento facial y de placas de circulación, así como de aduanas inteligentes, drones y armas no letales.
Pero volviendo al caso de Amin Business valdría la pena que la Secretaría de Administración, y sus áreas encargadas de verificar a las empresas y particulares que solicitan su inscripción en el padrón de proveedores y contratistas, explicara cómo le hizo esta compañía para obtener su constancia al proporcionar un domicilio inexistente.
Belén Marcela Hernández informó al gobierno que tenía sus oficinas en la calle Mira número 212 local 23 de San Andrés Cholula, dirección que no existe.
¿Por qué nadie de la Secretaría de la Función Pública, o de su Dirección encargada de revisar y supervisar los padrones de proveedores y contratistas, se cercioró de que este domicilio fuera real, antes de que a Amin Business se le otorgaran el mismo día —7 de agosto— dos contratos: uno por 51 millones 266 mil pesos y otro por 44 millones 306 mil pesos?
¿Por qué si la dependencia es tan exigente y rigurosa con cualquier empresa o particular que tramita su alta en el padrón de proveedores del gobierno, con Amín Business fue tan laxa y descuidada, pese a tratarse de una compañía de nueva creación, sin experiencia y sin antecedentes que acreditaran su solvencia técnica y económica en este tipo de contratos?
¿Cuántas empresas que participan en licitaciones públicas abiertas o en concursos por invitación del gobierno del estado son descalificadas por estas omisiones?
¿Por qué con Amin Business se han tenido tantas consideraciones?
¿Quién es el padrino o la madrina política de Belén Marcela Hernández Ramírez dentro del gobierno, la Secretaría de Administración o el Consejo Estatal de Seguridad Pública?
Conste que son preguntas.
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A propósito.
Una queja recurrente entre los cerca de 25 empleados del Consejo Estatal de Seguridad Pública adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas, y los departamentos de Recursos Materiales y Adquisiciones, son las extensas jornadas laborales que tienen que cubrir.
Según algunos de ellos, entran a las 9 de la mañana y con frecuencia tienen que quedarse hasta las 22 o 23 horas, porque sus superiores llegan tarde o después de comer con proveedores en restaurantes de la zona o en el botanero El Negrito.
“Se van a comer en horas laborales y cuando regresan con aliento alcohólico a las oficinas nos exigen quedarnos hasta la madrugada para hacer el trabajo que no hicieron todo el día”.
Los protagonistas de su queja son la directora Jurídica, Rosa Isela Mateos Rocha; la directora de Administración y Finanzas, Ilse Stephani Sánchez Domínguez; y el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Luis Alberto Escobar Hernández.
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