La actual coyuntura del país ha permitido que salgan a la luz muchos casos de infamia del Poder Judicial. Una de esas historias se está escribiendo en el Juzgado Segundo de los Familiar de Cholula, en donde un menor de ocho años que ha sufrido violencia, abandono físico y económico de parte de su padre, el juez que lleva la causa estaría orientando todo para que el progenitor no pierda la patria potestad y se le quede la custodia del niño. Con el antecedente de que el acusado también habría dejado en el desamparo a otros hijos.
Pareciera que Rogelio Pérez Sánchez, el juez que lleva el caso, estaría aprovechándose de la parálisis del Poder Judicial Federal (PJF) para echar abajo la demanda por violencia vicaria que la madre del menor presentó desde el año pasado. El togado ha ignorado los amparos y resoluciones del PJF que establecieron una orden de restricción para que el acusado no se pudiera acercar al niño, a la progenitora y a la familia de esta última.
Al togado poco le ha interesado que el niño manifiesta abiertamente el miedo de acercarse a su padre, situación que fue asentada en un peritaje del propio Poder Judicial de Puebla y que ahora, el juez ha desechado ese examen como prueba, junto con otras evidencias, como los mensajes en que el presunto agresor amenaza a la madre con quitarle el hijo “para siempre”.
Tal situación plantea un fuerte cuestionamiento: de nada sirvió que el Congreso del estado “con bombo y platillo” aprobara –el 15 de julio de 2022— una reforma que establece 11 años de cárcel para los culpables de violencia vicaria, entendida como el delito que comete un hombre al utilizar a los hijos como medio para dañar, controlar o intimidar a una mujer, si al final los jueces acaban ignorando dicha modificación al Código Penal.
Es lo que estaría ocurriendo con el juez Rogelio Pérez Sánchez que, al tomar el caso en el mes de junio pasado, frenó todo lo que se había avanzado para hacerle justicia al niño y su madre que han sufrido diversos abusos, incluida la figura de violencia vicaria.
Los abogados que representan a la madre del menor tienen la sospecha de que el comportamiento del juez podría obedecer a “un favor político” que Luis Guillermo Varela de la Cruz, padre del acusado, habría solicitado al Tribunal Superior de Justicia, luego de que fue operador del gobierno del exmandatario Melquiades Morales Flores.
Toda la información contenida en esta columna es resultado de una entrevista que Karla Parra Vernet –madre del menor agraviado— concedió al autor de esta columna. La historia de este caso se detalla a continuación:
Luego de 10 años de unión libre entre los fisioterapeutas Josué Varela Pérez y Karla Parra Vernet, en 2020 decidieron separarse. Al darse el rompimiento de la relación, acordaron que el único hijo que habían tenido pasaría una semana con la madre y la siguiente con el padre, como una manera de compartir los cuidados y obligaciones con el menor.
Al paso de varias semanas, el comportamiento del niño empezó a reflejar signos de maltrato. La madre refiere que, al investigar las razones de ese cambio, descubrió lo siguiente:
Cuando a Josué Varela le tocaba cuidar al menor, no lo hacía. Lo dejaba encargado a personas ajenas a la familia por varios días, lo que constituye el delito de abandono. Muchas veces, a lo largo de ese periodo al menor no le daban de comer ni tenían los cuidados necesarios.
Según relata la madre el niño empezó a negarse a ir con el progenitor, a mostrar miedo, porque el padre lo agredía verbalmente. Le demostraba que para él era una carga, algo incomodo, el tener que cuidarlo. Y finalmente un día fue agredido físicamente por otro hijo –de mayor edad— del progenitor.
La madre al quejarse con el padre de que el niño ya no quería ir con él, la respuesta del hombre fue: “Ya se tendrá que adaptar”.
Al momento en que Karla Parra le dijo que no podía seguir permitiendo ese trato, surgió la violencia vicaria. La mujer narra que desde entonces iniciaron las llamadas telefónicas y mensajes a diario de su expareja para intimidarla, para amenazarla, con quitarle el hijo “para siempre”.
El hombre la advertía: que si no le entregaba el menor, este un día iba a desaparecer.
En noviembre de 2023, previo un estudio psicológico del menor de edad y su madre, se presentó la demanda por maltrato hacia el niño y por violencia vicaria en contra de la mamá. El recurso legal demanda que se le quite la patria potestad al señor Josué Varela Pérez.
Mediante una intervención del PJF –también en el mes de noviembre de 2023– se dictó una orden de restricción en la cual se le prohibía a Josué Varela acercarse a su hijo, a su expareja sentimental y la familia de esta última.
Dos meses más tarde, el acusado presentó una demanda reconvencional, en la cual el reclamaba la patria potestad del niño. Para ello, él acusaba a su expareja de cometer malas conductas en una clínica que ambos tenían en el hospital Mac, ubicado a un costado del Periférico Ecológico.
La juez que en ese entonces llevaba el caso, Magda Reyes Delgado, enero de 2024 dictaminó que la guarda y custodia del niño se le quedaba a la mamá. Estableció una pensión alimenticia de 7 mil 500 pesos mensuales y ordenó exámenes psicológicos para los tutores y el menor, mismo que se practicaron en el TSJ.
El peritaje judicial arrojó que el pequeño si refleja aspectos negativos en el trato con el padre. Situación que no ocurre con la mamá.
Por si fuera poco, el padre no cumplió con la pensión alimenticia que ordenó la juez.
En los nueve meses que lleva este mandato, solo hizo depósitos correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, pero de manera incompleta, ya que solo erogó 4 mil de los 7 mil 500 pesos que estableció la juez.
El proceso legal caminaba bien. Incluso la parte acusadora presentó como testigo del caso a una mujer que tuvo una hija el señor Josué Varela. La fémina sostenía que su pequeña –que tiene una discapacidad permanente– sufrió violencia y abandono del padre, pues aunque llegaron a un arreglo económico, él nunca se cumplió con el convenio.
El caso da un giro de 180 grados en junio pasado, cuando a la juez Magda Reyes la cambian de adscripción y entonces su lugar lo ocupa el juez Rogelio Pérez Sánchez, demostrando este último una conducta favorable al acusado.
La entrevistada enlista las anomalías:
El juez desechó el examen psicológico que hizo el Poder Judicial. Y lo más patético: ha permitido que el estudio de conducta del menor ahora lo mande a elaborar la pareja sentimental del acusado.
Otra grave anomalía –refiere— fue haber desechado todas las pruebas documentales y privadas que presentó Karla Parra Vernet. Entre ellas los mensajes en donde el padre de su hijo la amenaza con desaparecer al niño.
Una tercera anomalía: el juez no aceptó el testimonio de la madre de la hija de Josué Varela Pérez, sin nunca justificar porque desechaba la declaración de esta mujer.
Y por si fuera poco, el juez ha desobedecido la restricción que ordenó el PJF para que Josué Varela no se acerque al menor y la mamá del pequeño.
Por el contrario, el togado ha permitido que se encuentren el niño y el padre, no sin antes insistirle al menor, palabra más, palabras menos: “Si tú papá cambiara, te gustaría verlo”. Lo que muestra la parcialidad del impartidor de justicia.
