El pleno del Senado de la República avanzó anoche en la reforma constitucional que establece que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal vigilarán la deuda que contraten las entidades federativas y los municipios, con el fin de evitar la generación de crisis financieras que impacten al resto del país.
Además de incluir un Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito, la reforma prohíbe a los estados y municipios contratar deuda a tasas caras o destinarla al gasto corriente.
De igual forma, ordena a la Cámara de Diputados y al Senado crear leyes que formen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios y responsabiliza a los servidores públicos por el manejo de recursos y la deuda pública, para que no evadan la justicia en caso de que sus decisiones provoquen un problema para las entidades y los ayuntamientos.
La reforma –aprobada en comisiones y que el pleno del Senado conoció en primera lectura– destaca que el “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.
Plantea que el Congreso también tendrá facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, “que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal”.
A través de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos estatales y municipales, cuando cuenten con la garantía de la Federación.
Vigilarán deudas estatales
Uno de los objetivos es prohibir a los gobiernos de estados y municipios usar empréstitos para gasto corriente.
El pleno del Senado de la República avanzó anoche en la creación del control federal de la deuda de estados y municipios, que además de incluir el Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión Bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito, prohíbe a los gobiernos estatales y municipales contratar deuda a tasas caras o destinarla a gasto corriente.
De igual manera, la reforma constitucional ordena a la Cámara de Diputados y al Senado a concretar leyes que creen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios, además de que responsabiliza a los funcionarios por el manejo de recursos y la deuda públicos, para que no evadan la justicia en caso de que sus decisiones provoquen un problema para los estados y los municipios.
El Senado aprobó ayer en comisiones esta reforma y su pleno la conoció en primera lectura, luego de que llegaron a un acuerdo con la Cámara de Diputados a fin de no detener más este mecanismo constitucional que busca evitar el crecimiento de dichos endeudamientos.
Asimismo, los senadores hicieron una adición a la minuta enviada por los Diputados, para introducir la Comisión Bicamaral, para que los diputados la avalen y salga a los Congresos de los estados para su recorrido por el Constituyente Permanente.
Destaca que el “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
Dispone que el Congreso de la Unión tendrá facultades en materia de deuda pública para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
Advierte que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante emergencia declarada por el Presidente de la República”.
El Congreso tendrá facultades para “aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.
“El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública”, añade el dictamen avalado ayer.
Además, el Congreso tendrá facultades para “establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribirse y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente.
“Un Sistema de Alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”, añade.
Otra de las facultades del Congreso de la Unión es para que “a través de la comisión legislativa bicamaral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.
“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda”, dispone.
Una facultad más será para que expida leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal.
A través de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos estatales y municipales, cuando cuenten con la garantía de la Federación.
Contra los excesos
La semana pasada, los senadores del PRI y el PAN respaldaron la decisión de los coordinadores parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados para crear una comisión bicamaral que vigile el endeudamiento de los estados y municipios.
Ernesto Cordero, uno de los principales impulsores de la formación de esta comisión bicamaral, desde su diseño original como revisora de la deuda de estados y municipios, comentó el martes pasado que “me parece que es importante y es un instrumento que contribuye a las finanzas públicas del país; y me parece que el que tenga opinión esta comisión sigue siendo una herramienta fundamental y una herramienta muy importante.”
La máxima publicidad de las opiniones de una comisión Bicamaral es algo que no debe soslayarse; “es algo importante y es algo que enriquecerá el debate técnico con respecto a la contratación de deuda en estados y municipios”, destacó.
Dijo que “la opinión que emita esta comisión de diputados y senadores va a ser tomada en cuenta y, sin duda alguna, contribuirá a evitar excesos en la contratación de deuda”.
