Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha dedicada a recordar a quienes han sido arrancados de sus vidas y de la protección de la ley, dejando a sus familias y comunidades en un limbo de dolor e incertidumbre. Este día, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también busca visibilizar la gravedad de este delito y exigir justicia para las víctimas y sus seres queridos.
La desaparición forzada, según la ONU, se define como la privación de la libertad de una persona mediante su arresto, detención o traslado en contra de su voluntad, generalmente llevada a cabo por agentes gubernamentales, grupos organizados o incluso individuos. Este acto cruel niega a las víctimas la protección de la ley y las deja en una situación de indefensión total.
Desaparición forzada en México
En México, la desaparición forzada es un problema que sigue creciendo a un ritmo alarmante. Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, hasta mayo de este año, el país registra más de 100 mil personas desaparecidas. Esta cifra representa un aumento del 6.3% en comparación con 2023, un año que ya había visto un incremento del 7.3% con respecto a 2022.
Desde el comienzo del siglo, la desaparición forzada ha aumentado en un 88%, lo que evidencia la urgencia de enfrentar esta crisis. Jalisco encabeza la lista de estados con el mayor número de desapariciones, con más de 14 mil casos reportados cada mayo desde 2022.
La desaparición forzada no solo priva a las víctimas de su libertad, sino que también viola múltiples derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la seguridad, a no ser sometido a tortura, y al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros. Además, este delito afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, generando un ambiente de miedo e inseguridad.
