Una de las promesas de campaña del hoy gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, fue revertir la concesión que la administración del entonces mandatario, Rafael Moreno Valle Rosas, le otorgó a la empresa Concesiones Integrales, la cual después cambió su razón social a Agua de Puebla para Todos.
Concesiones Integrales es propiedad de una de las familias más poderosas de México, los Hank, descendientes del fundador del grupo Atlacomulco, Carlos Hank González, aquel que acuñó la frase de que “un político pobre, es un pobre político” y sí.
El 12 de septiembre de 2013, hace ya casi 11 años, mediante aprobación por parte del Congreso local, se otorgó el manejo, la cobranza y el tratamiento del vital líquido, a esta empresa, la cual opera en otras ciudades del país, era parte de la ola “privatizadora”, puesta en marcha por el peñismo, para tratar de solucionar temas como el del agua potable, la energía eléctrica, el petróleo, los desechos sólidos, entre otros.
Agua de Puebla, durante estos casi 11 años de operaciones, ha realizado inversiones por más de 3 mil millones de pesos, para poder satisfacer la demanda del vital líquido, para la Angelópolis y algunas zonas aledañas a la ciudad capital, con una cartera vencida de casi un 60 por ciento, es decir, solo paga alrededor del 40 por ciento de los habitantes de esta zona.
Cabe señalar que, la región de Puebla capital presenta graves problemas porque su acuífero está prácticamente agotado, producto de la deforestación de la Malinche, la sobreexplotación de los pozos y el anárquico crecimiento urbano de toda la zona conurbada con casi 2 millones y medio de habitantes.
Desde la época en que Manuel Bartlet gobernó Puebla no ha existido por parte de ninguna otra administración, un programa de desarrollo urbano tan ambicioso como Angelópolis, el cual se puso en marcha en 1994 y que incluyó como uno de sus proyectos prioritarios, la puesta en marcha de un programa de agua potable (el proyecto Nealtican) para dotar del vital líquido a la ciudad.
Nealtican, proyecto que se llevó a cabo a “sangre y fuego”, por la negativa de la población a liberar sus pozos de agua para surtir a Puebla, es el último gran proyecto que se ha llevado a cabo para mejorar el suministro del vital líquido en la capital.
Desde la campaña lo señalé, no es fácil rescindir el contrato de prestación del servicio a Agua de Puebla, porque también hay que decirlo, la forma en que se redactó y se diseñó, tuvo su maña y contó con la complicidad de la entonces administración morenovallista y de su bancada en el Congreso local.
Pero, también, como lo señalé en la misma columna de “marras” publicada el 17 de abril de 2024, bajo el título de “La populista propuesta de echar abajo la concesión de Agua de Puebla”, lo cierto es que las administraciones que sucedieron a Moreno Valle y en especial, la de Miguel Barbosa, poco o nada hicieron para revertir esta situación, pese a que, en 2019 durante su campaña, también el ya fallecido mandatario, prometió revertir la concesión a Agua de Puebla.
Lo máximo que se hizo por parte de la administración barbosista fue el modificar la ley de aguas, para que sea el Congreso local, quien fije las tarifas del vital líquido, siendo Miguel Barbosa gobernador y Sergio Salomón, líder del Congreso local, con fecha 16 de julio de 2022.
El pasado lunes, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, reconoció que echar abajo el título de concesión de Agua de Puebla, le costaría a su futura administración alrededor de 8 mil millones de pesos, el equivalente al presupuesto anual de la BUAP y superior al ejercicio de recursos del ayuntamiento de Puebla, por casi dos mil millones de pesos.
No es una decisión fácil la que tiene en sus manos el futuro mandatario, quizá la mejor opción, vista desde de fuera, es hacer otra modificación a la Ley de Aguas, para que no solo el Congreso fije las tarifas, sino para que el Soapap como organismo rector en la materia, asuma realmente sus funciones u obligue a la empresa a cobrar tarifas justas y a terminar con el “terrorismo” en el cobro.
Hay formas de poder hacer que Agua de Puebla cumpla, aunque también habrá que ver qué indicaciones recibe el nuevo mandatario, de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien también en campaña se manifestó en contra del proceso de privatización del agua que se llevó a cabo en las pasadas administraciones del PAN y del PRI.
Se dice que puede haber un programa especial por parte de la federación, en apoyo a los diferentes gobiernos, para que recuperen sus sistemas de agua potable y sean ellos mismos quienes brinden el suministro del vital líquido, como era en antaño, como dijera el clásico.
Veremos y diremos.
