Al margen de las investigaciones que supuestamente lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública del estado sobre la pérdida de 606 millones de pesos que el gobierno de Puebla transfirió a Accendo Banco en la gestión del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y los pobres rendimientos que la Secretaría de Planeación y Finanzas obtuvo por invertir 6 mil 800 millones en la financiera Fóndika SA de CV, las autoridades no deberían hacerse de la vista gorda con un contrato que María Teresa Castro Corro impulsó y que provocó un daño patrimonial a la hacienda estatal que ronda los 300 millones de pesos.
Me refiero al contrato DABS/GESAL-053/SPF/079/2019 celebrado en diciembre de 2019 entre el gobierno del estado y la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, por un monto de 773.6 millones de pesos, para implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través radares de velocidad, administrar las infracciones por exceso de velocidad y detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.
Dicho contrato, al igual que los firmados con Accendo Banco y Fóndika, fue impulsado por la que fuera secretaria de Finanzas del gobernador Miguel Barbosa, María Teresa Castro, con una vigencia de 36 meses, del 1 enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, comprometiéndose el prestador de servicios a generar 380 mil fotomultas mensuales, para poder cobrar una iguala de 21 millones de 491 mil pesos mes con mes.
La empresa Intecproof —apadrinada por los empresarios oaxaqueños Manuel y Didier Chávez Gallegos, patrocinadores de la campaña de Miguel Barbosa en las elecciones extraordinarias de 2019— nunca cumplió la meta de levantar 380 mil fotoinfracciones mensuales, y sólo en cinco de los 36 meses que duró su contrato, la recaudación superó los 21.4 millones de su iguala mensual.
En marzo de 2021 el gobierno de estado recaudó por concepto de fotomultas 36.6 millones de pesos (mdp), en junio de ese mismo año, 99 mdp. En marzo de 2022, 36.5 mdp; en abril, 41.6 mdp; y en junio del mismo ejercicio fiscal, 24.6 mdp.
Redondeando números, en los tres años de la gestión de Miguel Barbosa los ingresos por pago de fotoinfracciones a la Secretaría de Finanzas ascendieron a 550 millones de pesos, cifra menor en 223.6 millones de pesos al monto del contrato que la entonces titular de la dependencia, María Teresa Castro, firmó con el representante legal de Intecproof, Enrique Martínez Córdoba.
El acuerdo celebrado con Intecproof, pero sobre todo las anomalías e incumplimiento del mismo, ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues es el único contrato de su tipo en el mundo que no sólo no logró ser autofinanciable, sino que produjo pérdidas y un daño patrimonial a la hacienda pública del estado.
Una cuestión que nadie se explica es por qué la Secretaría de Finanzas no rescindió este servicio a la empresa jalisciense, a sabiendas que ésta nunca iba a cumplir con las metas, ni con los objetivos de su contratación.
De los 215 millones que Intecproof cobró por igualas en 2020, la empresa tuvo que devolver por multas y penalizaciones más de 22 millones de pesos.
En 2021 cobró 257.8 millones de pesos por 12 igualas mensuales, pero sus penalizaciones ascendieron a 51.7 millones de pesos.
Y en 2022 que volvió a cobrar 257.8 millones de pesos, sus multas y penalizaciones llegaron a 1.4 mdp.
En suma, Intecproof acumuló sanciones por 75.1 millones, y pese a todos sus incumplimientos y anomalías llegó hasta el final gracias a la complicidad de la que fuera secretaria de Finanzas, quien todavía le pagó un contrato adicional dizque por la transferencia tecnológica del software y la plataforma del control vehicular por casi 50 millones de pesos.
Por todo eso sostengo que la Secretaría de la Función Pública del estado no debe hacerse de la vista gorda e ignorar los daños a las arcas que dejó la contratación de Intecproof durante los años 2020, 2021 y 2022.
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Se cancela visita de la ministra Lenia Batres
Después de la polémica que generó la negativa de prestarle el Auditorio José María Morelos y Pavón, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a los integrantes de Comisión de la Verdad y la Justicia para los Próceres Universitarios Poblanos para una conferencia de Lenia Batres Guadarrama, se había acordado con un grupo de alumnos de esta unidad académica abrir este recinto a la polémica ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo viernes 23 de agosto.
Sin embargo, por solicitud de la propia ministra Lenia Batres, su participación quedará en suspenso, para evitar enfrentamientos como los que se dieron el viernes por la mañana en la Universidad Benito Juárez, que es una institución particular de educación superior incorporada a la BUAP.
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El Ayuntamiento de Puebla debería poner atención a los cobros ilegales que se vienen haciendo a vendedores no establecidos en las áreas de uso común de la nave A de la Central de Abasto.
Antes estos vendedores pagaban entre 200 y 600 pesos, pero ahora —con la llegada de una nueva directiva de los bodegueros—las cuotas las subieron a 4 mil, 6 mil y 8 mil pesos, dependiendo de los productos que pretendan comercializar.
Tal situación ha generado tensiones entre los bodegueros, la Agrupación de Vendedores Ambulantes de la Central de Abasto y los administradores de la misma, lo que en cualquier momento puede desembocar en hechos de violencia, pues el director de mercados y los inspectores municipales que deberían poner orden, al parecer se estarían beneficiando del cobro de estas cuotas.
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