El artículo 3 de la Constitución Mexicana establece que la educación en México es un derecho y debe ser gratuita, provista por el Estado. Sin embargo, la realidad para muchas familias mexicanas es que acceder a una educación de calidad implica un gasto significativo, incluso en las escuelas públicas. A pesar de la premisa constitucional, la educación en México se ha convertido en un privilegio para aquellos que pueden costear los gastos asociados al inicio del ciclo escolar.
Los datos arrojan que en el ciclo escolar 2023-2024, las familias mexicanas tuvieron que cubrir entre 5,500 a 7,500 pesos por estudiante para adquirir útiles escolares, uniformes, zapatos y pagar cuotas escolares en instituciones públicas, entre otros gastos. Este monto representa un reto considerable para muchas familias, especialmente considerando que el salario mínimo mensual que reciben muchos padres y madres de familia es equivalente a 7,508. Cerca de 19.68 millones de trabajadores ganan el equivalente a un salario mínimo o menos, y otros 19.94 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos.
Estos costos adicionales ponen en evidencia las contradicciones entre la teoría y la práctica de la educación pública en México. A pesar de ser gratuita en teoría, la educación exige un desembolso inicial que muchas familias simplemente no pueden permitirse sin sacrificar otras necesidades básicas. Este hecho convierte la educación en un privilegio más que en un derecho accesible para todos.
El impacto de estos costos no es trivial. Las familias de bajos ingresos enfrentan una doble carga: no solo deben financiar estos gastos con ingresos limitados, sino que también luchan contra un sistema que no siempre proporciona una educación de calidad. Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico colocan a México entre los países con peor desempeño en matemáticas y ciencias, subrayando la necesidad urgente de reformas que no solo alivien la carga financiera sobre las familias, sino que también mejoren la calidad educativa.
El desafío es claro: si México desea cumplir con el mandato constitucional de educación gratuita, es imperativo que el gobierno tome medidas para reducir los costos asociados con la educación pública. Esto podría incluir la provisión gratuita de útiles escolares y uniformes, la eliminación de cuotas escolares y una inversión sustancial en la mejora de la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas.
Solo a través de un compromiso serio y sostenido con la educación gratuita y de calidad para todos, México podrá garantizar que la educación deje de ser un privilegio para convertirse en el derecho que la Constitución promete. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y asegure que cada niño y niña en México tenga acceso a una educación verdaderamente gratuita y de alta calidad, independientemente de su situación económica.
Este esfuerzo no solo beneficiará a las familias y a los estudiantes, sino que también contribuirá al desarrollo socioeconómico del país, creando una sociedad más equitativa y preparada para enfrentar los desafíos del futuro.
