Después de que una jueza de Distrito determinara que no es un peligro para la sociedad y puede seguir su proceso judicial por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres salió ayer por la noche del penal del Altiplano, en el Estado de México.
Después de su liberación, el exmandatario estatal se trasladó a su domicilio, en la zona de Xilotzingo, en el sur de la capital del estado de Puebla, al que llegó durante la madrugada de este miércoles, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y escoltado por tres patrullas de la Guardia Nacional.
#ULTIMAHORA I En punto de las 4:00 horas de este miércoles 14 de agosto, a bordo de una camioneta tipo van y escoltado por tres patrullas de la @GN_MEXICO_ , ingresó #MarioMarin a su domicilio ubicado en avenida San José Xilotzingo en #Puebla @lydiacachosi pic.twitter.com/mXrl53YPlN
— Ciro Calderón (@calderonciro) August 14, 2024
Marín Torres estuvo preso desde hace tres años en un penal de Quintana Roo desde 2021 y después fue trasladado al Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) 1 del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Hace algunas semanas, Marín Torres había intentado dejar el penal del Altiplano a través de un amparo en el que su defensa argumentó problemas de salud, pero fue rechazado. Tras el cambio de medidas cautelares por parte de la jueza, su proceso de liberación inició el sábado y concluyó ayer martes.
A las 15:00 horas de ayer, se dio a conocer que el exgobernador continuaría recluido en el penal del Altiplano ante las 43 solicitudes que las autoridades penales solicitaron a dependencias de procuración de justicia de los 32 estados de la República de posibles carpetas de investigación, órdenes de aprehensión o procesos penales pendientes.
Pese a ello, Araceli Andrade, abogada de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, explicó que la excarcelación de Marín Torres debía ser cumplida. “La jueza ya dictó hoy un acuerdo de que se ordene la inmediata libertad (de Marín Torres), porque si no, las autoridades del Altiplano van a ser penalmente responsables”, dijo.
Medidas cautelares
El sábado pasado, Angélica del Carmen Ortuño, jueza segunda de Distrito del estado de Quintana Roo, determinó que el exmandatario poblano podía seguir su proceso judicial en arraigo domiciliario, pero con algunas medidas cautelares, entre las que destaca el uso de un brazalete electrónico.
En la audiencia de Marín Torres, se dejó en claro que la resolución judicial dictada en la diligencia “no implica la libertad del procesado”, sino únicamente la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares además del brazalete electrónico.
Dichas medidas son el resguardo domiciliario con vigilancia permanente, la suspensión condicional del proceso con prohibición de salir de Puebla y del país, la exhibición de garantía económica por 100 mil pesos y la prohibición de acercarse a la periodista Lidya Cacho.
El Lydiagate
Marín Torres fue denunciado por tortura y arresto ilegal en agravio de Lydia Cacho en 2005, cuando era gobernador en Puebla. En su libro “Los demonios del Edén”, la periodista denunció la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif.
Después de una llamada de Kamel Nacif al entonces gobernador Mario Marín Torres –de la que se derivó el mote de “Góber precioso”– Lydia Cacho fue arrestada y torturada por elementos de la Fiscalía de Puebla, acusada de difamación, presuntamente por órdenes del exmandatario.
Fue justamente esa llamada la que reveló la protección de Marín a los empresarios señalados como responsables de la red de prostitución infantil, ya que le garantizó impunidad a Nacif y se ufanó de haberle dado “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”.
El “pinche coscorrón” al que se refería Marín Torres era el traslado por carretera de la periodista, desde el estado de Quintana Roo a Puebla, durante alrededor de 20 horas durante las cuales fue torturada e incluso amenazada de muerte por los agentes de la Fiscalía poblana.
