La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), avaló ayer adicionar la Constitución Política, con el fin de establecer que, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley.
Asimismo, estipular en el párrafo quinto del artículo 4º constitucional que queda prohibida la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
En el segundo párrafo del artículo 5º de la Carta Magna, señalar que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4º.
Sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Foto: Especial
El dictamen, derivado de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo federal y que incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados, fue avalado en lo general con 24 votos a favor y dos en contra; y en lo particular con 21 en pro, 15 en contra y cero abstenciones. Se envió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.
En los artículos transitorios se indica que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
También, el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con su contenido. Además, las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.
En las consideraciones del documento se precisa que la propuesta adopta un enfoque que, más que centrarse en los aspectos de prevención y sanción de las conductas criminales (que no deja de lado), se orienta a vincularlo con el valor que se protege: la salud. Por eso es relevante, porque si la seguridad es importante, es nuclear proteger la salud de las personas.
Dado el contexto real de la producción, distribución, comercio y uso de los vapeadores, es valioso que se proscriban dichas actividades privilegiando la protección real de la salud; por ello, se debe restringir la libertad de trabajo y comercio en aras de un valor socialmente superior.
Foto: Physios
Discusión en lo particular
Durante la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) para modificar la redacción del párrafo cuatro del artículo 4º de la Constitución y sustituir la palabra “vedada” por “prohibida”, al considerar que queda con mayor fuerza y contundencia porque es un término más directo y categórico que no deja lugar a dudas ni a interpretaciones.
A favor de la reserva hablaron los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Irma Juan Carlos (Morena), y en contra, la diputada Lidia García Anaya (Morena) y el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara (PAN).
Se rechazaron las reservas presentadas por los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano; Marco Antonio Mendoza (PRI) y el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara (PAN).
Intervención de diputadas y diputados
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) se pronunció a favor del dictamen para prohibir la producción y circulación de cigarros electrónicos y vapeadores, ya que contienen sustancias que afectan el desarrollo cerebral, cancerígenas y metales pesados que producen daños irreparables en la salud. Expresó, además, que no se debe permitir que los intereses económicos de unos cuantos prevalezcan sobre la salud y el bienestar del pueblo.
Del PAN, el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara estimó que es loable establecer un principio constitucional que prohíba y sancione las sustancias toxicas, los precursores químicos y las drogas sintéticas que no estén autorizados conforme a la ley; sin embargo, dijo, hace falta analizar muchas cuestiones en el tema de cómo regular los vapeadores, más allá de si tienen tabaco o no, y cómo se debe plantear la prohibición y sanción de dichas sustancias.
La diputada del PRI Cynthia Iliana López Castro se dijo a favor por diversos contenidos de la reforma, como lo referente al fentanilo; no obstante, aseguró que se debe regular el tema de los vapeadores, pues de lo contrario “al cerrarse una puerta, podría abrirse otra al mercado negro”; además, consideró desatinado ponerlo en la Constitución, toda vez que no se prohíben también otras sustancias dañinas para los jóvenes.
Al hablar en contra, el diputado Braulio López Ochoa Mijares (Movimiento Ciudadano) puntualizó que no es correcto prohibir los vapeadores. Se pronunció por regularlos y “caminar hacia la libertad con conciencia e información suficiente”. Respecto al fentanilo, dijo que está en contra de prohibirlo totalmente porque se ocupa en varios medicamentos y hace que este sea más barato. “Es obvio que el fentanilo también hace daño, pero hay que diferenciar cuándo genera una adicción y cuándo se ocupa para la medicina”, puntualizó.
