Por Ismael Rojas Cuéllar
En medio de controversias y desacuerdos, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se mantenga en funciones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la entidad. Esta petición surge como respuesta al reciente cierre de sus instalaciones, medida con la que el mandatario ha expresado su total desacuerdo.
“Si me preguntan si estoy de acuerdo, por supuesto que no estoy de acuerdo”, declaró enfáticamente Céspedes. Además, mencionó haber mantenido conversaciones con el titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, en busca de soluciones mediante diálogos entre las partes inconformes y el Gobierno federal.
El cierre de la JFCA está directamente relacionado con la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral de 2019. Según informes oficiales, los expedientes en fase procesal serán trasladados a Tlaxcala, mientras que los de dictamen, laudo y ejecución se gestionarán en Oaxaca. A pesar de esta disposición, el gobernador considera que el cierre podría haberse llevado a cabo de manera gradual para minimizar su impacto en la población.
Céspedes ha destacado la disposición del Gobierno federal para entablar diálogos con el estado de Puebla y ha expresado su confianza en que su solicitud de resolver los expedientes localmente será atendida. Asimismo, ha instado a los litigantes a agilizar la resolución de los casos para evitar demoras innecesarias y costos adicionales.
La decisión de cerrar la Junta de Conciliación y Arbitraje número 33 ha generado protestas y críticas, especialmente por parte de abogados y clientes, quienes aseguran que más de 10 mil expedientes serán enviados a Tlaxcala y Oaxaca, lo que dificultará el seguimiento y resolución de los casos en la región.
