Aquí le presento los nombres de quienes este viernes serán designados comisionados ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): Laura Elisa Morales Villagrán, Maritza Méndez Cabrera, Guadalupe Cecilia Huchin Mora y Sergio Díaz Sáenz.
Tres de los seleccionados deberían ser inelegibles por estar estrechamente ligados al aparato gubernamental, considerando que el Comité de Participación Ciudadana es el órgano de la sociedad civil en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Laura Elisa Morales Villagrán es parte de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado, además de que fue directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Estado.
Maritza Méndez Cabrera es la actual coordinadora administrativa de la oficina del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con quien laboró también en el Ayuntamiento de Tepeaca como directora de Auditoría.
Sergio Díaz Sáenz también ha sido servidor público. Fue director general jurídico y contencioso de la Sindicatura Municipal, además es hermano del asesor jurídico del gobernador Céspedes, Roberto Díaz Sáenz.
Qué sentido tiene llevar más funcionarios al SEA, si éstos ya están sobrerrepresentados en el Sistema con el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Fidel Teomitzi Sánchez; el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, Luis Francisco Fierro Sosa; el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala; la representante del Consejo de la Judicatura, Isadora Rubí Joven; y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Edgar Sánchez Farfán.
La verdad es que la Comisión de Selección de los comisionados ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana no sólo hizo mal su tarea, sino que eliminó el carácter ciudadano del órgano que se supone representa a la sociedad civil en el Sistema Estatal Anticorrupción.
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