Desde hace un mes, en los distritos judiciales de San Martín Texmelucan y Tepeaca no hay jueces de control, o también conocidos como jueces de oralidad. Esa grave omisión ocurre en dos de las zonas del estado que tienen los mayores índices delictivos y de actos de violencia, lo que viene a agravar el desarrollo de los procesos penales en curso y provoca que la impartición de justicia sea todavía más tortuosa, lenta e ineficiente.
Un grupo de víctimas de delitos ya solicitaron un amparo contra la falta de juez en el distrito Centro-Poniente, correspondiente a San Martín Texmelucan, señalando que se pide la protección de la justicia federal para que, lo antes posible, se obligue al Consejo de la Judicatura a que nombre al nuevo juez y se pueda dar celeridad a las docenas de juicios que están frenados por la ausencia de quien ejerce el control del Poder Judicial en dicha demarcación.
La solicitud de amparo se turnó al Juzgado Primero de Distrito y se le dio el número de expediente 626/2024. Ya se estableció que la audiencia incidental será el próximo 5 de junio y la audiencia constitucional el día 21 del mismo mes.
Los agraviados han expuesto que la falta de juez por un periodo ya tan prolongado viene a trastocar el funcionamiento del Poder Judicial en detrimento de las victimas de delitos.
Aunque la parte más importante de la demanda es que lo autores de la petición de amparo hacen notar que, el problema de fondo, no se resuelve mandando al distrito de San Martín Texmelucan a un nuevo juzgador, sino que se necesita la presencia de varios jueces más, al existir un fuerte rezago de expedientes sin resolver y que la dinámica criminal de la región exige que se aumente el personal del Poder Judicial.
El pasado 2 de mayo, mediante el oficio SP-C.T-1625/2024-A371, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla le notificó a Mario Cortés Aldama que dejaba de ser juez de oralidad penal en San Martín Texmelucan y que, al día siguiente, se debía presentar en Teziutlán para hacerse cargo de juzgado de ese distrito.
Luego de ello, el Consejo de la Judicatura ha actuado con total negligencia al negarse a nombrar al sustituto del juez Cortés Aldama.
De esa manera el Poder Judicial ha solapado que se atrase el inicio de varios juicios penales, la presentación de pruebas en asuntos que estaban en curso y que se aplace el dictado de sentencias.
Ello es una muestra de la falta de sensibilidad del Poder Judicial poblano que no observa que, la región de San Martín Texmelucan acumula muchas denuncias por asaltos carreteros, robo de combustible, lesiones, así como hurtos contra comercio y atracos de transeúntes.
Lo que significa que el Poder Judicial contribuye, en lugar de combatir, a la impunidad que campea en el estado de Puebla y permite que solamente se castiguen 4 de cada 100 ilícitos que se cometen en la entidad.
¿Y dónde quedó el concurso?
El mayor absurdo del tema de la falta de jueces en Tepeaca y San Martín Texmelucan es que hay 66 abogados a la espera, desde finales de abril, a que puedan ser seleccionados y nombrados como nuevos jueces.
En abril pasado el Consejo de la Judicatura lanzó la convocatoria para el Primer Concurso de Oposición Cerrado del Poder Judicial, mediante el cual se eligieron a 66 abogados que se supone pasaron la evaluación para ser nombrados jueces de primera instancia de las ramas penal, civil, mercantil y familiar.
Algo que llama la atención es que en el cuerpo de la convocatoria no se establece el número de nuevos jueces que serán designados.
Se puntualiza que los nombramientos que se emitan corresponderán al número de jueces que necesita el estado de Puebla.
Por eso resulta un absurdo que por un lado no hay jueces en dos distritos judiciales muy importantes y por otro lado, hay más de 60 abogados que pasaron la prueba de selección de jueces y los tienen varados, ya que no les han dado fecha para entregarles el veredicto de quienes fueron finalmente seleccionados.
Hay dos versiones acerca de dicho desfase:
La primera: lo que ya se había narrado en esta columna –el pasado 15 de mayo—de que, el atraso en la designación de los nuevos jueces se podría deber a que supuestamente hay un proceso de sobornar a los aspirantes, pues de manera discreta a algunos de ellos les habrían pedido entre 500 mil y 800 mil pesos para otorgarles una plaza en distritos no tan alejados de la ciudad de Puebla.
Y como muchos de los abogados que presentaron el concurso en cuestión estarían intentando reunir el dinero, o mejor dicho el monto del soborno, se ha atrasado el proceso selectivo. Eso es lo que se especula en el “radio pasillo” del Poder Judicial.
La segunda: que el Poder Judicial poblano habría decidió “congelar” todo cambio hasta que haya pasado la elección del nuevo gobernador de Puebla.
Para que, de esa manera, los nombramientos se pudieran dar con el visto bueno de quien gane las votaciones del próximo domingo.
De ser cierta la segunda versión, quedaría exhibido una vez más de que el Poder Judicial se maneja por criterios políticos y no hay interés de que se modernice la justicia en Puebla.
