Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la policía ciudadana y activistas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que aclare la identidad de los 28 cuerpos encontrados por la Procuraduría General de la República (PGR) en las primeras fosas en Iguala, y que diga la verdad.
Aunque los padres de los jóvenes tienen la esperanza de encontrar a sus hijos con vida, las autoridades tienen la obligación de aclarar cada uno de los hallazgos que ha realizado en los alrededores de Iguala, dijo a SinEmbargo Crisóforo García Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG). “Tienen que decir la verdad.
Nosotros hemos encontrando 17 fosas en total, pero son viejas, de meses y los cadáveres ya tienen tiempo ahí. No perdemos la esperanza de encontrarlos con vida, hay un 70 por ciento de esperanza de que los que los tienen quieran negociar. Sobre los primeros 28 cuerpos, el gobierno dice que no son ellos, tienen que decir la verdad, porque ya estamos hartos de que nos mientan”, dijo.
La semana pasada el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, descartó que el ADN de los primeros 28 cuerpos encontrados en el paraje La Parota, colonia Pueblo Viejo en Iguala, corresponda a los normalistas.
Las autoridades locales informaron cuando se realizó el hallazgo de esas fosas, que había cadáveres completos y otros calcinados con diésel, gasolina o petróleo.
El viernes pasado el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra aseguró que tiene conocimiento de que los jóvenes fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos. “Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento, hablan de que aún estando algunos vivos, heridos, pero vivos, fueron quemados”, dijo.
Solalinde Guerra indicó que desconoce si los muchachos podrían estar en alguna de las fosas que se han encontrado hasta el momento en Iguala por la PGR y la UPOEG. “No lo sabemos. Si están en las fosas, el equipo argentino de antropología forense no tiene la tecnología para saberlo, ellos pueden trabajar en condiciones normales, pero no imposibles con restos calcinados. No hay esperanzas de que estén vivos”, dijo.
El sacerdote aseguró que el gobierno mexicano le está dando un manejo político y no de justicia al caso y que evalúa qué verdad decir: la de menor costo político. “¿Qué es menos penoso para el sistema?, decir que están calcinados con todo lo que implicó eso, o decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la esperanza.
El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, sentenció.
Crisóforo García de la UPOEG aseguró que tienen información que les hace sospechar que los normalistas son rehenes de autoridades municipales, estatales y del crimen organizado. “Creemos que los tienen en alguna parte del estado para utilizarlos como moneda de cambio, y que buscarían una negociación”, dijo.
García sólo precisó que una de esas autoridades se trata de José Luis Abarca Velázquez, el Alcalde prófugo de Iguala, pero no ahondó en quiénes serían las autoridades estatales involucradas. Crisóforo García pidió a Peña Nieto, dar una respuesta pronta a los padres de los normalistas, quienes ya no soportan el dolor por la pérdida de sus hijos.
Manuel Martínez, vocero de las familias de los 43 estudiantes y tío de uno de ellos, aseguró que los padres de los muchachos, desde un principio descartaron que los primeros 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas, correspondieran a sus hijos, debido a que tuvieron información que había dos cadáveres de mujeres.
Sin embargo y ante las declaraciones del padre Solalinde, indicó que no cuenta con información precisa sobre si los normalistas fueron asesinados. “No tenemos información de que estén muertos. Eso no lo sabemos. Lo único que pedimos es que nos entreguen a los chavos, y los queremos vivos, no sabemos cómo le van hacer, pero los queremos vivos”, dijo.
TIENEN NOMBRE Y APELLIDO
El profesor Alberto Patishtán Gómez, el indígena de Chiapas que estuvo preso 13 años y que fue indultado el año pasado, indicó que el gobierno federal tiene la obligación de informar la identidad de los 28 cuerpos que ya descartó correspondan a los normalistas. “Que digan las cosas claras, que no utilicen demagogia, si no son los muchachos, ¿quiénes son?, esas personas que están encontrando tienen nombre y apellido. Tienen identidad”, dijo.
En un país donde hay miles de desaparecidos y familiares que esperan obtener noticias de sus seres queridos, la PGR tiene que informar a quiénes corresponden los 28 cadáveres y el resto que se han encontrado en las distintas fosas en Iguala, indicó. “Hay mucha gente que está sufriendo por la desaparición de sus hijos. Todos merecemos respeto a nuestra persona […], las autoridades tienen que investigar a fondo, su obligación es resolver el caso y todo lo que suceda ahora dependerá de la actuación del gobierno, todos queremos paz, pero todos queremos justicia más que nada”, dijo.
Patishtán Gómez indicó que en Chiapas la población está indignada y enojada por la desaparición de los normalistas. “Realmente son nuestros hermanos, somos de la misma sangre, no merecemos ese trato, merecemos que respeten nuestros derechos humanos”, dijo.
