Tal como se advirtió en este espacio, parece haber toda una maniobra desde el poder político estatal para intentar frenar un juicio contra la alcaldesa morenista de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, que enfrenta siete cargos penales por la detención ilegal, tortura y abuso sexual contra dos periodistas, además de un grupo de activistas feministas. Solo eso explica que este jueves, por enésima vez, se frenara el inicio del proceso judicial contra la edil, al suspenderse la primera audiencia del caso.
Sin embargo, lo que podía haber sido una victoria en el orden judicial para Irene Olea no lo fue y no se pudo “salir con las suyas”, por lo menos, de manera temporal.
Algo que nadie se esperaba, es que en cuanto se supo de la cancelación de la audiencia surgió una enérgica protesta de un grupo de mujeres matamorenses que llegaron hasta el Centro de Justicia Federal de Puebla para manifestar su malestar y advertir que, se percibe un tufo de corrupción para intentar frenar el enjuiciamiento de Irene Olea.
El proceso judicial contra la alcaldesa debía haber arrancado en febrero pasado y por una minucia de procedimiento se canceló. Esta semana ha vuelto a ocurrir lo mismo. Fue lo que expusieron las manifestantes ante el juez que lleva la causa. Lo cual hace suponer que el poder político está interviniendo para evitar una sentencia contra la edil y otros 11 servidores públicos de su gobierno que están implicados en la acusación que les imputó la Fiscalía General de la República.
Ante la fuerte protesta, el juez federal encargado de este asunto, un par de horas después de que se decretó el aplazamiento de la primera audiencia del juicio contra Irene Olea, determinó que el próximo lunes, por ninguna circunstancia, se suspenderá la segunda audiencia programada del caso, en la cual tiene obligatoriamente que comparecer la presidente municipal de Izúcar de Matamoros, quien está en campaña electoral buscando reelegirse como edil.
Además, estableció el juez que a la mayor brevedad se repondrá la primera audiencia cancelada.
La determinación del juez fue un duro revés para Irene Olea que busca a toda costa que su imagen de candidata de la 4T no se vea empañada por dicho juicio.
Con ello, aunque de manera tenue, se abre la esperanza de que el juicio avance en los primeros días de mayo y se pudieran girara las órdenes de aprehensión contra los posibles responsables, antes de los comicios del próximo 2 de junio.
El revés sufrido por Irene Olea no se reduce únicamente al tema de la imagen, que es muy importante durante un proceso electoral, sino también al manejo de los tiempos institucionales.
La estrategia de la alcaldesa de que se cancelaran las dos audiencias de arranque del juicio, la de este jueves y el próximo lunes, es que quiere ganar tiempo para intentar evitar que sea sentada en el banquillo de los acusados.
Se sabe que los abogados de la edil están buscando que proceda una serie de recursos en donde alegan que la agresión ocurrida contra las periodistas y un grupo de activistas feministas, la noche del 10 de marzo y la madrugada del 11 de marzo de 2023, en que fueron detenidas ilegalmente y torturadas por la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, son asuntos del orden del fuero común y no del ámbito federal.
Lo que se quiere es que, el juicio contra la edil no sea resuelto por el Poder Judicial Federal sino por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Sabedores de que los jueces en Puebla son manipulables por el poder político y si les dan “línea” de proteger a la alcaldesa, lo van a hacer.
Ejemplo de lo anterior es lo siguiente:
Las periodistas Natali y Michelle Hoyos López fueron detenidas, junto con un par de activistas feministas, por un desproporcionado operativo policiaco de 18 uniformados. Pese a que las jóvenes no portaban armas de fuego y hasta cierto punto, nunca ofrecieron resistencia.
Dichas detenciones nunca estuvieron justificadas en función de que se hubiera cometido un delito. Al final el juez calificador argumentó que las jóvenes estuvieron 5 horas incomunicadas porque habían “ensuciado la ciudad”. Tal situación plantea que hubo una grave violación a las garantías constitucionales de las agraviadas.
A las comunicadoras las desnudaron, les tocaron los genitales y las golpearon en los pechos, como parte de un interrogatorio, en el que no había ni siquiera la más mínima acusación.
Con todo lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de Puebla –que está sometida al poder político de la 4T— determinó que no pasó nada.
Tuvo que ser la Fiscalía General de la República la instancia que elaboró un voluminoso expediente en donde determinó que si hubo tortura contra las periodistas y le fincó 7 cargos penales a la edil, así como dos funcionarios del ayuntamiento y 9 agentes de la Policía Municipal.
Eso es lo que quieren los abogados de Irene Olea que un juez de Puebla diga que “no pasó nada”.
A diferencia de que un juez federal que, como mínimo, le podría quitar la candidatura a Irene Olea para que no se reelija como edil y mandarla a la cárcel. Claro, si es que no tuercen la ley.
