Es verdad que por momentos parece que las autoridades civiles y hasta militares del país son incapaces de combatir y contrarrestar la expansión del crimen y que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen a quien recurrir para lograr su protección.
Cotidianamente suceden hechos que obligan a imaginar el peor de los escenarios para México: una crisis generalizada en la que sobrevivirán solo los más fuertes, o los más ricos, aquellos que puedan protegerse a sí mismos de un asalto, una extorsión, un secuestro, una violación o un asesinato.
El escenario camina en la frontera de lo catastrófico y lo pesimista, pero se entiende en el contexto del incremento de la inseguridad.
Hasta hace no muchos años, un ciudadano mexicano común pensaba en los elementos del andamiaje institucional existente en el país para lograr protección frente a personas y hechos que atentaban contra su integridad, ya fuera física, intelectual, emocional o material.
Recurrir a la autoridad bastaba para conseguir algo de tranquilidad frente a la eventual agresión de un delincuente, o para lograr –en algunos casos– que se hiciera justicia y se reparara el daño tras un ataque perpetrado.
Con todo y los múltiples males que imperan en las corporaciones de seguridad pública, así como en los organismos de impartición y procuración de justicia, entre ellos la corrupción, se albergaba un tanto de esperanza gracias a la creencia de que los servidores públicos integrantes del Estado Mexicano eran todavía más fuertes y poderosos que los transgresores de la ley.
Eso daba cierta paz y llevaba a pensar que la comisión de hechos criminales estaba confinada a puntos específicos y remotos del territorio nacional, muy alejados de los sitios de convivencia social diaria.
La antigua despreocupación, sin embargo, se ha diluído de manera gradual, debido a la constante exposición de acontecimientos que muestran el debilitamiento de esa estructura institucional frente a los sucesos delictivos.
Pese a la política presidencial de cambiar balazos por abrazos hoy existen sitios del país donde el hampa es más poderosa que el Estado y donde aquella impone sus condiciones sin obstáculos.
Ejemplos de ello son todos esos casos donde aspirantes a puestos de elección popular se bajaron de la contienda en curso por miedo a la delincuencia.
El diario español El País dio a conocer recientemente más de 30 bajas en Michoacán.
En Puebla no hay casos documentados, solo rumores, que se acrecentaron con el homicidio del precandidato a presidente municipal de Acatzingo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Jaime González Pérez.
Esa es una de las consecuencias más graves que se derivan de la crisis por la que atraviesa México: que los ciudadanos renuncien a sus esfuerzos por construir una mejor sociedad, desde el servicio público, debido a la imposibilidad de hacer frente a los criminales y a la probabilidad de perder la vida en el intento.
Otra consecuencia desafortunada es que estos ciudadanos, en principio interesados en hacer el bien, acaben volviéndose cómplices de aquellos.
El momento histórico es complejo y demanda la atención de todos los actores sociales, pero principalmente de los políticos que hoy mismo están en campaña.
¿Qué van a hacer los candidatos para encarar el fenómeno una vez que accedan al poder?
Eso debe ser una prioridad de la agenda partidista, para que mexicanos y poblanos puedan orientar su voto en función de la propuesta más coherente y convincente.
Hasta ahora los candidatos y sus voceros se han dedicado más a realizar señalamientos y condena pública cada vez que un hecho delictivo se comete en territorio gobernado por sus oponentes que a presentar propuestas.
Así solo enrarecen un ambiente social ya de por sí agitado
Igual suceden delitos en Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, municipios gobernados por la oposición, que en Izúcar, Texmelucan, Acatzingo y Tehuacán, gobernados por el oficialismo.
Es hora de ofrecer alternativas que contribuyan a la solución de la crisis.
Aunque hacerlo sea menos rentable en votos que la estridencia y la descalificación.
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José Chedraui Budib ha preparado un acto público para tratar de contrarrestar la exposición de morenistas de base que han salido en estos primeros días de campaña a manifestar el rechazo a su postulación y a expresar que emitirán un voto de castigo en su contra.
El candidato a edil de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezará el próximo domingo un “coffee break”, en un salón social de la colonia Bugambilias, al que se ha denominado “Panistas con Pepe”.
Se sabe que ahí estarán personajes en el pasado reciente vinculados al blanquiazul, como Eduardo Alcántara Montiel, Jesús Giles Carmona y Violeta Lagunes Viveros, entre otros.
El miércoles, el rival de “Pepe” Chedraui, Mario Riestra Piña, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, dio a conocer la adhesión de miembros fundadores de Morena a su equipo de campaña, como Daniel Flores Meza y Bertín Soriano Álvarez.
La revelación supuso un buen golpe mediático y de percepción para el panista, por lo que ahora el morenista hará lo propio para igualar el marcador.
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Ignacio Mier Velazco no fue invitado al arranque de campaña de Alejandro Armenta Mier realizado el primer minuto del domingo en el zócalo de la ciudad de Puebla.
En una entrega anterior se informó aquí que el candidato a senador no acudió al mitin dominical de Armenta y que para disculparse con los organizadores argumentó que estaba enfermo, lo cual resultó sospechoso después de ver que ese mismo día, pero más tarde, sí estuvo presente en Izúcar de Matamoros y en la unidad habitacional Agua Santa, en la capital del estado.
La realidad es que Mier Velazco no fue al zócalo porque no recibió invitación.
En Izúcar y en Agua Santa las cosas fueron diferentes.
Al arranque de campaña celebrado en el municipio mixteco fue convocado por la gente de Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que a la unidad habitacional del sur de la ciudad fue invitado, personalmente, por José Chedraui Budib.
