Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, señaló que en caso de llegar a tomar el poder, buscará aplicar el “modelo Bukele”, es decir, una política más dura en contra de los criminales.

Además, el precandidato del partido naranaja acusó a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez de politizar el tema de la inseguridad solo para ganar votos y a los tres últimos presidentes, de militarizar la seguridad pública.

“Me avergüenzo profundamente de que el poder civil en México haya claudicado a su responsabilidad en los últimos tres sexenios. Hemos dejado en las manos de los militares el tema más importante: garantizar la vida y la paz de las mexicanas y de los mexicanos”, lamentó.

El político también señaló que el principal compromiso de Movimiento Ciudadano es abordar el problema de la inseguridad; “ahí empieza el México nuevo, que el Estado garantice la protección de las personas, del patrimonio y de las libertades”, señaló.

Por ultimo, dijo que “si El Salvador, que tiene menos recursos que México, pudo atajar este tema de frente, México lo puede hacer y lo puede hacer con una estrategia civil y que tenga como objetivo la paz”.

¿Qué es el Modelo Bukele?

Con el título “Plan de Control Territorial”, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió combatir la violencia de las bandas que infundían terror entre la población con detenciones masivas sin siquiera tener una orden judicial.

También modificó el tiempo de detención administrativa pasando de 72 horas a 15 días y reformó las leyes penales para que los delincuentes perdieran de forma automática derechos constitucionales en caso de ser aprehendidos.

Bajo su plan, las autoridades aprehendían a cualquier persona que se sospechara fuera miembro de una pandilla, los juicios exprés los ponían tras la rejas y la realidad dentro de las prisiones se endureció.

Cabe destacar que el “modelo Bukele” ha sido objeto de críticas, ya que incluye, además de la detención inmediata de sospechosos sin orden judicial y la ampliación del tiempo de detención administrativa, otras medidas controversiales como la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial, lo que plantea preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles.