Las secretarías de Medio Ambiente y de Seguridad Pública (SSP) de Puebla utilizarán dispositivos para detectar automotores que incumplan con la Verificación Vehicular, y podrán inspeccionar, detener y sancionar a los contaminantes con hasta 2 millones de pesos.
Así lo establece la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió al Congreso local, para su eventual aprobación.
La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) dará boleta de infracción ambiental al propietario o poseedor del vehículo, en la que se hará constar una infracción en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, detectada por dispositivos o medios tecnológicos.
Las autoridades dispondrán de equipo electromecánico, eléctrico, análogo, digital u óptico, incluyendo cámaras, opacímetros u otros instrumentos de innovación tecnológica que permitan comprobar el cumplimiento del programa de Verificación Vehicular, así como la detección e identificación de infracciones a la ley y su reglamento.
Asimismo, realizarán un monitoreo remoto a través de dispositivos instalados y habilitados que permitan vigilar el cumplimiento del programa de Verificación Vehicular, así como el procedimiento de inspección y vigilancia a vehículos que circulen sobre las vías de jurisdicción estatal que contaminen de forma visible.
La iniciativa establece que los propietarios o poseedores de los vehículos contaminantes detectados por los dispositivos o que no hayan pasado la Verificación Vehicular, serán acreedores a sanción que va de 2 mil 074 pesos hasta 2 millones 074 mil 800 pesos en 2023.
De igual manera, la Secretaría de Medio Ambiente podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración y coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para la aplicación de la ley.
La SSP coadyuvará con Medio Ambiente en la implementación de instrumentos de política ambiental de jurisdiccional estatal en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes móviles directas.
