AMLO prepara una nueva estocada contra las finanzas de los estados. Esta vez, el moche será a los fondos destinados al sistema de salud pública, ese que no logrará ni por asomo, parecerse al de Dinamarca.
Ayer, legisladores de Morena aprobaron que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que históricamente se entregaba a los estados para que hicieran frente a las necesidades locales, se centralicen y sea la federación quien destine, designe y distribuya los recursos.
La treta legal se realizará como parte de las acciones del IMSS- Bienestar, ese Frankenstein que se creó después de desaparecer –por inoperante– el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular.
Como casi todas las operaciones que hace Morena, la bolsa que operará el IMSS-Bienestar es opaca, carece de reglas de operación y se presta a la discrecionalidad; todos éstos elementos son caldo de cultivo para los moches y la corrupción, esa que tanto critica AMLO, pero fomenta a manos llenas.
En otras palabras, los miles de millones de pesos que la federación tenía que transferir a los estados por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) pasarán sin mayor freno a la bolsa federal, dejando a las entidades en franco abandono, con una mayor carga en los ya saturados servicios de salud y sin dinero para operar el mayor fracaso en la política médica de nuestro país.
Para nadie es una sorpresa que desde que López Obrador eliminó el Seguro Popular por un capricho y formó el ya extinto Insabi, la calidad de la salud pública en México ha caído drásticamente.
La vacunación infantil, un tema donde nuestro país era ejemplo mundial, con una tasa superior al 95 por ciento, se redujo para apenas alcanzar 50%.
En los últimos años, incluso antes de la pandemia, escuchamos cientos de historias de padres de familia que daban dos o tres vueltas a los centros de salud, para completar el cuadro de vacunación de sus hijos. La falta de biológicos es la constante.
Consultas de especialidad que tardan entre 3 y 6 meses, ausencia de estudios de laboratorio o rayos X, carencia de medicamentos y médicos y enfermeras cumpliendo turnos dobles por las vacantes que no se cubrieron, son parte de la estampa diaria que se vive día con día en los centros médicos del país.
Y lo peor está por venir.
En pleno año electoral, Andrés Manuel, con sus empleados en las cámaras legislativas, apuesta por ahorcar financieramente a los estados y quedarse con el dinero que estaba destinado a la salud de los más pobres, de quienes no pueden pagar un hospital privado, como lo hace él ni cuentan con el privilegio de ser atendidos en instalaciones militares, como su hijo.
De la inconstitucionalidad de la reforma, por violar la autonomía de las entidades federativas, mejor ni hablamos.
Así que ya sabe, en 2024 habrá que cuidarse el doble porque no están las instituciones médicas para andarle atendiendo… ni que fuéramos Dinamarca.
